Las estafas y fraudes a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se han convertido en algo común, sobre todo en tiempos de incertidumbre como el que se vive actualmente, cuando millones de personas se encuentran esperando la resolución de la Corte Suprema sobre DAPA y DACA plus, convirtiéndose en el objetivo de estafadores.
Los estafadores se valen de coyunturas como esta para aprovecharse de la desesperación y desinformación de sus posibles víctimas. Es por ello que activistas y abogados han encendido las alarmas para alertar a la comunidad inmigrante.
Uno de ellos es Nelson Castillo, abogado experto en inmigración, quien expuso el caso real de un estafador recientemente detenido. El objetivo es que los inmigrantes indocumentados tengan una idea de cómo operan los estafadores y sepan qué hacer para evitar ser sus víctimas.
El caso hace referencia a Edwin Zavala Jr., de 24 años, quien ingenió una estafa a larga distancia. “Por medio de su negocio en Louisiana, le ofrecía servicios legales a inmigrantes indocumentados recluidos en centros de detención en Texas. Pero luego de recibir su paga, desaparecía, dejando a los inmigrantes detenidos sin su dinero y sin la asesoría legal prometida”, describe Nelson.
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“La demanda detalla que desde aproximadamente noviembre del 2014 Zavala pidió dinero a clientes en varios estados”, narra el abogado. “Según las autoridades, Zavala envió por correo numerosas cartas a inmigrantes indocumentados en centros de detención en Texas anunciando en español los servicios de asesoría legal migratoria de su compañía”, continúa.
“Las cartas iban dirigidas a detenidos específicos y tenían en el sobre el nombre y número de registro de extranjero (alien number, en inglés) de las personas y les urgía que tomaran rápida acción”, detalla y añade que “una vez que conseguía un cliente, Zavala le enviaba instrucciones sobre cómo enviar dinero a sus cuentas bancarias a través de Western Union o MoneyGram. Después de recibir el dinero, ya no se comunicaba más con el cliente”.
Tras una investigación, se detuvo al culpable, quien “se declaró culpable en una corte federal por fraude de transferencia electrónica que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión y una multa de $250.000 dólares”, puntualiza Nelson.
Zavala, quien no es un abogado señala Nelson, “recibió más de $42.000 dólares de 44 personas que necesitaban ayuda legal para sus procedimientos de deportación”.
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Para prevenir ser víctima de una estafa, Nelson explica que “solamente abogados o representantes acreditados por el gobierno federal pueden dar consejos legales a inmigrantes. Ningún notario, consultor de inmigración, multi-servicios o llena papeles puede realizar trámites legales ni representar a nadie en la corte de inmigración”.
Añade que “para evitar ser víctima de fraude, es de suma importancia que verifiquen las credenciales de personas que dicen ser abogados o representantes acreditados. En caso de ser un abogado, pida ver su licencia vigente. Escriba la información de la licencia y comuníquese con la oficina de admisión del colegio de abogados del estado donde el abogado tenga su licencia para comprobar que sea auténtica”.
“En caso de un representante acreditado, la persona debe trabajar para una organización que esté autorizada por la Junta de Apelaciones de Inmigración para ofrecer asesoramiento legal. Pídale que le muestre la orden de la junta que le permite ayudar a personas con solicitudes o peticiones de inmigración. Escriba la información para comprobar su veracidad”.
Fuente: InmigracionHoy.com
