El presidente Trump firmó el 19 de mayo una orden que instruye a reguladores federales a emitir alertas y modificar normas bancarias para restringir el acceso a servicios financieros de personas sin autorización de trabajo en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump firmó el 19 de mayo de 2026 una orden ejecutiva titulada “Restoring Integrity to America’s Financial System”, que ordena a la Secretaría del Tesoro (USDT) y a los principales reguladores bancarios federales adoptar medidas para endurecer los requisitos de identificación de clientes en instituciones financieras, con especial atención a personas sin autorización de trabajo en el país.
La orden instruye a la USDT a emitir, en un plazo de 60 días, un aviso formal a las instituciones financieras sobre los riesgos que, según el texto, representa la población sin autorización laboral.
Dicho aviso deberá describir señales de alerta relacionadas con evasión de impuestos sobre nómina, uso de documentos de identidad extranjeros, transferencias a través de empresas fachada, pagos de salarios fuera del sistema regulado y actividad financiera vinculada a tráfico laboral. La orden también señala el uso del Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) como un posible factor de riesgo que podría requerir una verificación adicional por parte de los bancos.
En materia crediticia, la orden instruye a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) a considerar, también en 60 días, si la posibilidad de deportación y la consecuente pérdida de ingresos deben ser reconocidas como factores que afectan la capacidad de pago de una persona sin autorización de trabajo, lo que permitiría a los prestamistas incorporar el estatus migratorio como variable en sus decisiones de crédito. Cada regulador financiero federal deberá emitir, en el mismo plazo, orientaciones sobre la gestión de los riesgos crediticios asociados a esa población.
Asimismo, a largo plazo la orden contempla que en 90 días el USDT proponga cambios a las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario para reforzar los requisitos de debida diligencia, y que en 180 días se evalúen modificaciones adicionales a los programas de identificación de clientes, incluyendo una revisión de los riesgos que, según el texto, representan las tarjetas de identificación consulares extranjeras para el sistema financiero estadounidense.
Sin embargo, es necesario aclarar que, la orden no establece prohibiciones directas ni crea derechos o beneficios exigibles por ley, y su implementación queda sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestarios. Las agencias federales mencionadas tendrán que traducir sus mandatos en regulaciones y guías concretas durante los próximos meses.
