Un resumen elaborado por la Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration detalla los requisitos de elegibilidad, las tres rutas hacia la ciudadanía y las protecciones que contempla la propuesta legislativa presentada en el Congreso estadounidense.
La American Dream and Promise Act de 2025, identificada como H.R. 1589, fue presentada el 26 de febrero de 2025 por la representante Sylvia Garcia, demócrata por Texas, junto con la colegisladora republicana María Elvira Salazar, de Florida. Esta iniciativa busca otorgar protecciones permanentes y un camino a la ciudadanía para personas elegibles bajo la categoría de Dreamers, además de permitir que ciertas personas beneficiarias de Estatus de Protección Temporal (TPS) o de Salida Forzada Diferida obtengan la residencia legal permanente.
En julio de 2026, García presentó una petición de descarga para llevar la iniciativa al pleno de la Cámara de Representantes, la cual quedó abierta a firmas a partir del 20 de julio y requiere el respaldo de 218 legisladores para seguir adelante. La resolución que sustenta este mecanismo, H. Res. 1414, contempla una enmienda que actualizaría la fecha límite de elegibilidad para TPS del 1 de enero de 2017 al 1 de julio de 2024.
De acuerdo con el documento, la legislación busca beneficiar a 495,320 personas con Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) activo hasta diciembre de 2025, así como a un estimado de dos millones de Dreamers adicionales sin acceso a ese programa, muchos de los cuales han vivido en el país por más de una década. Entre estas personas se incluyen, aunque no todos, los aproximadamente 525,000 estudiantes indocumentados inscritos en instituciones de educación superior en Estados Unidos, ya que la elegibilidad dependerá de que cada persona cumpla los requisitos establecidos. La propuesta también podría otorgar residencia legal permanente a una parte de las aproximadamente 1.3 millones de personas que contaban con TPS hasta marzo de 2025, así como a beneficiarios elegibles de DED, sujeto a la nueva fecha límite del 1 de julio de 2024 y a otros criterios de elegibilidad.
Uno de los principales objetivos de esta ley es que permitiría a los Dreamers elegibles obtener la residencia legal permanente en condición temporal, válida generalmente por diez años, salvo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la extienda. Para calificar, las personas solicitantes deberían cumplir con los siguientes requisitos:
- Haber estado presentes físicamente en Estados Unidos de forma continua desde el 1 de enero de 2021.
- Haber tenido 18 años o menos al momento de su ingreso al país.
- Haber residido en el país de manera continua desde entonces.
- Cumplir con los requisitos de admisibilidad, antecedentes penales y seguridad nacional, Satisfacer un requisito educativo.
- Registrarse en el Servicio Selectivo cuando corresponda.
- Pagar una cuota de solicitud (salvo que califiquen para una exención).
El requisito educativo podría cumplirse mediante la admisión a una institución de educación superior o a una escuela técnica postsecundaria, la obtención de un diploma de preparatoria estadounidense, un GED o su equivalente reconocido, una credencial técnica de nivel secundario, o bien mediante la inscripción en la preparatoria o en un programa que conduzca a alguna de estas credenciales.
Asimismo, quienes ya cumplan los requisitos para remover la condición desde el momento de su solicitud podrían acceder directamente a la residencia permanente sin pasar por el periodo condicional. Las personas con DACA que mantengan su elegibilidad para renovación, bajo los términos vigentes al 1 de enero de 2017, tendrían acceso a un proceso simplificado que, en general, no requeriría el pago de una cuota.
La ruta para Dreamers también cubriría a jóvenes que llegaron a Estados Unidos como dependientes de personas admitidas bajo visas E-1, E-2, H-1B o L, y que podrían perder su estatus de dependientes legales por los prolongados rezagos en la obtención de la residencia permanente.
Por otro lado, una vez que cumplan requisitos adicionales, las personas con residencia condicional podrían solicitar la remoción de esa condición y posteriormente acceder al proceso de naturalización existente. La propuesta contempla tres rutas principales, con excepciones limitadas por causas de dificultad extrema:
- La ruta educativa, que exige obtener un grado universitario, completar al menos dos años en buen estado en un programa que conduzca a una licenciatura o grado superior, o adquirir una credencial técnica postsecundaria calificada;
- La ruta de servicio militar, que requiere al menos dos años en las fuerzas armadas y, en caso de baja, que esta sea honorable;
- La ruta laboral, que exige demostrar ingresos por trabajo durante al menos tres años y por al menos 75% del tiempo en que la persona contó con autorización de empleo vigente, aunque los periodos de estudio calificados podrían reducir ese plazo.
En cambio, la sección conocida como American Promise permitiría a beneficiarios elegibles de TPS y DED ajustar directamente su estatus a residencia legal permanente, sin pasar por un periodo condicional inicial. Para calificar, deberían solicitarlo dentro de los tres años posteriores a la promulgación de la ley, haber estado presentes físicamente en el país de forma continua durante al menos tres años, cumplir los requisitos de admisibilidad y verificación de antecedentes, y haber contado con TPS al 1 de julio de 2024 o haber sido elegibles para DED al 20 de enero de 2021, sin conducta posterior que los hiciera inelegibles para dichas protecciones.
Al otorgar la residencia legal permanente, condicional o no, la legislación haría a las personas elegibles para solicitar ayuda financiera federal para estudios, sujeto a los demás requisitos que rigen ese tipo de apoyo. La propuesta también derogaría la sección 505 de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, con lo cual eliminaría la restricción federal que impide a los estados ofrecer beneficios de educación superior, incluida la colegiatura estatal, a estudiantes indocumentados con base en su residencia.
Las personas que parezcan elegibles tendrían una oportunidad razonable de presentar su solicitud y, en general, no podrían ser deportadas mientras sus solicitudes y apelaciones disponibles permanezcan pendientes. Incluso podrían solicitar autorización de empleo y permiso de reingreso mientras se resuelve su caso.
La propuesta prohibiría el uso o la divulgación, con fines de aplicación de las leyes migratorias, de la información presentada en una solicitud bajo esta ley o en una solicitud de DACA. También prohibiría, de manera general, las referencias a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) basadas únicamente en la información de la solicitud. Se contemplan excepciones limitadas para compartir información con fines de revisión de la solicitud, prevención de fraude, seguridad nacional, o investigación y persecución de delitos graves no relacionados con el estatus migratorio.
