Según un reporte de Higher Ed Immigration Porta señala las principales barreras que persisten para acceder a la universidad y llama a fortalecer apoyos estatales y federales.
Un nuevo informe de Higher Ed Immigration Portal y Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration publicado en febrero de 2026, advierte que más de 600 mil estudiantes indocumentados están en camino de graduarse de preparatoria en Estados Unidos entre 2026 y 2028. Proporcionalmente, los estudiantes indocumentados graduados representan alrededor del 5% del total de estudiantes que se gradúan cada año.
El reporte, titulado A Generation Threatened: Undocumented High School Students Graduate, analiza datos demográficos y educativos para estimar el número de jóvenes sin estatus migratorio regular que concluirán la educación media superior en los próximos tres años. Según el documento, estos estudiantes han crecido y se han formado en el sistema escolar estadounidense, pero enfrentan limitaciones legales y financieras que dificultan su acceso a la universidad y al mercado laboral formal.
Los estados con mayor cantidad de estudiantes indocumentados en preparatoria son Texas con 12 mil, California con 11 mil, Florida con 8 mil y Nueva York con 4 mil. Otros seis estados tienen al menos 3 mil estudiantes indocumentados graduándose cada año de la preparatoria. Además, en cuanto a países de origen, tan solo México (21%), Honduras (15%), Guatemala (14%) y El Salvador (9%) completan casi el 60% del total de estudiantes indocumentados a este nivel en el país.
Asimismo, el informe destaca que la mayoría de estos jóvenes llegó al país a edades tempranas o nació en familias con estatus mixto, por lo que su trayectoria educativa ha transcurrido casi en su totalidad en escuelas estadounidenses. Sin embargo, al acercarse la graduación, muchos enfrentan un “precipicio legal” al no contar con un estatus migratorio que les permita acceder a ayudas federales, empleo autorizado o estabilidad a largo plazo.
Aunque algunos pueden beneficiarse de políticas estatales que permiten acceder a tarifas de matrícula estatal u obtener ciertos apoyos locales, el acceso continúa siendo desigual y depende en gran medida del estado donde residen. En otros casos, la ausencia de programas como Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) o la imposibilidad de acceder a ellos deja a los estudiantes sin autorización de trabajo, lo que limita sus opciones incluso si logran ingresar a la universidad.
En cuanto a DACA, que aunque continúa suspendido para nuevos beneficiarios, incluso si las nuevas inscripciones estuvieran abiertas, muy pocos estudiantes serían elegibles. Para solicitar DACA, los beneficiarios deben haber llegado al país en junio de 2007 o antes, es decir, hace más de 18 años, por lo que la mayoría de los estudiantes de preparatoria ya no podrían aplicar a este beneficio contra la deportación y para acceder al mercado laboral. Esto no solo deja a los estudiantes sin oportunidad de acceder a una mejor educación, sino que también los deja fuera del mercado laboral.
En este sentido, el reporte subraya que los estudiantes indocumentados no son elegibles para ayuda financiera federal, incluyendo becas Pell y préstamos estudiantiles federales. Esto obliga a muchos a depender de ahorros familiares, empleo informal o becas privadas, cuando están disponibles. Además de los costos, existen barreras administrativas; por ejemplo, en algunos estados, los requisitos para demostrar residencia o estatus suelen reducir la inscripción. La falta de asesoría adecuada en preparatorias también deriva en que muchos estudiantes no exploren todas las opciones disponibles.
Por otro lado, el informe señala que estas limitaciones no solo afectan a los jóvenes y sus familias, sino que también representan una pérdida potencial de talento para la economía del país, al restringir el desarrollo profesional de una población que ya ha sido educada en el sistema público.
De acuerdo con el reporte, ampliar el acceso a la educación superior para estudiantes indocumentados podría tener efectos positivos en términos de ingresos fiscales, productividad y estabilidad económica. Diversos estudios citados en el documento indican que mayores niveles educativos se traducen en mejores ingresos y mayor contribución económica a lo largo de la vida laboral.
En este sentido, la falta de oportunidades educativas puede incrementar la precariedad laboral y limitar la movilidad social, lo cual se extiende a nivel familiar y termina afectando a comunidades enteras.
El reporte concluye que es necesario que los responsables de políticas públicas, instituciones educativas y organizaciones comunitarias fortalezcan los mecanismos de apoyo. Entre las recomendaciones se incluyen ampliar el acceso a matrícula estatal a indocumentados, incrementar fondos de becas estatales y privadas, mejorar la orientación escolar y establecer vías legales más claras para estudiantes que han crecido y se han formado en el país.
