Un reporte del CAP documenta cómo aproximadamente 3 mil 400 enfermeras registradas con DACA cubren huecos críticos en hospitales rurales y comunidades de habla hispana, mientras enfrentan detenciones, retrasos en renovaciones y barreras estatales para ejercer su profesión.
En el 14º aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Center for American Progress (CAP) publicó un reporte que examina el papel de los beneficiarios del programa en la fuerza laboral de enfermería en Estados Unidos, en un contexto de escasez crónica de personal de salud y de creciente presión de la administración Trump sobre el programa. El documento, elaborado por Rosa Barrientos-Ferrer a partir de entrevistas con tres enfermeras registradas con DACA, describe tanto las contribuciones de este grupo como los obstáculos legales, educativos y laborales que enfrentan.
Estados Unidos cuenta con más de 3.3 millones de enfermeras registradas, pero la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) estimó que en 2026 el país enfrenta un déficit de 263 mil 870 profesionales en esa categoría, con proyecciones de escasez que se extienden por más de una década. La pandemia de COVID-19 agravó esa situación al provocar retiros masivos y una salida acelerada de trabajadores de la profesión por agotamiento y condiciones laborales adversas.
Asimismo, derivado del envejecimiento de la población, se proyecta que para 2060 casi una cuarta parte de los estadounidenses tendrá 65 años o más. En ese contexto, los beneficiarios de DACA que trabajan como enfermeras representan una parte del andamiaje que sostiene servicios en áreas donde el reclutamiento de personal es particularmente difícil. Un estimado de 2020 calculó que alrededor de 3 mil 400 beneficiarios de DACA se desempeñan como enfermeras registradas en el país, dentro de un total de aproximadamente 34 mil 000 con DACA que trabajan en el sector salud.
El reporte recoge los testimonios de tres enfermeras identificadas solo por sus nombres de pila para proteger su privacidad. Jazmine, enfermera quirúrgica de viaje originaria de México que llegó al país a los seis años, trabaja en comunidades rurales donde la escasez de personal es severa. “Manejo hasta allá porque hay una necesidad crucial, no hay muchas personas que sean enfermeras”, expresó. “Como enfermera con DACA, te esfuerzas por ser una buena enfermera, pero te esfuerzas diez veces más para demostrar que no eres solo una buena enfermera, sino una enfermera que se preocupa genuinamente por esas personas”.
Por otro lado, Ingrid, enfermera de oncología en Carolina del Norte, creció traduciendo terminología médica en inglés para sus padres hispanohablantes mientras cuidaban a su hermana con parálisis cerebral. Ahora atiende a pacientes de habla hispana en su unidad y describe la diferencia que representa poder comunicarse directamente: “Puedo explicarles más libremente su diagnóstico y educarlos sobre la importancia de mantener su salud, decirles específicamente su plan de atención, qué medicamento tomar y por qué”.
Por su parte, Alondra, enfermera de urgencias, vive en Missouri, pero debe cruzar a Illinois para ejercer su profesión, porque su estado de residencia no permite a los beneficiarios de DACA obtener licencia de enfermería. “Siempre supe que quería ser enfermera, nunca tuve un segundo plan ni una opción B”, detalló.
Esos casos muestran la fragmentación legal que el reporte documenta a detalle, pues solamente 22 estados tienen leyes que permiten a personas no ciudadanas obtener licencias profesionales y ocupacionales. California, Colorado, Illinois, Delaware, Nevada, Nueva Jersey y Vermont cuentan con las políticas más amplias, mientras que otros estados limitan el acceso a ciertos tipos de licencias o lo restringen a quienes tienen permiso de trabajo.
Missouri, por ejemplo, registró en 2022 una vacante de 17.4% en enfermería registrada, figura entre los estados con mayor uso de enfermeras de viaje, y aun así no permite que los beneficiarios de DACA obtengan licencia en su territorio. Legisladores estatales introdujeron recientemente el proyecto H.B. 2518 para cambiar esa situación, aunque al momento de la publicación del reporte aún no había sido aprobado.
Las barreras financieras para acceder a la educación superior son otro de los principales desafíos de los beneficiarios DACA y de los estudiantes sin estatus en general. Por su parte, los beneficiarios de DACA no califican para ayuda federal, y el acceso a financiamiento estatal varía por entidad; además, DACA es insuficiente para las nuevas generaciones de universitarios, ya que la mayoría ya no son elegibles.
El documento indica que al menos 21 estados y Washington D.C. ofrecen matrícula en estado a estudiantes independientemente de su estatus migratorio, pero la administración Trump ha demandado judicialmente a varios de ellos, entre los que se cuentan California, Virginia, Illinois, Kentucky, Minnesota, Nueva Jersey y Nebraska, por sus leyes de acceso universitario para estudiantes indocumentados. Texas y Oklahoma ya acordaron revertir sus políticas bajo presión legal del Departamento de Justicia. En Nebraska, un juez federal anuló recientemente una ley de matrícula vigente desde hace dos décadas.
Por otro lado, una decisión reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración facilitó adicionalmente la deportación de beneficiarios del programa. En el aspecto judicial, el Quinto Circuito de Apelaciones resolvió antes de la segunda inauguración de Trump que aspectos centrales de DACA eran ilegales, y aunque mantuvo las protecciones contra deportación, ordenó separar la autorización de trabajo de esas protecciones para los beneficiarios en Texas. El juez de distrito Andrew Hanen, a quien el caso fue devuelto, no había emitido instrucciones de implementación al 11 de junio de 2026.
El reporte concluye con recomendaciones dirigidas tanto al Congreso federal como a los legislativos estatales. A nivel federal, propone aprobar legislación como la DREAM Act y la American Dream and Promise Act de 2025, que otorgarían permanencia migratoria a los beneficiarios de DACA. A nivel estatal, sugiere ampliar las políticas de licencias profesionales para incluir a este grupo, expandir el acceso a matrícula estatal y ayuda financiera para educación superior, e incrementar la capacidad de los programas de enfermería mediante plazas clínicas adicionales y financiamiento a vías de titulación. “Los beneficiarios de DACA son fundamentales para cada comunidad”, señaló Ingrid en el reporte. “Somos muy determinados, trabajadores, queremos expandir nuestras carreras y hay muchas barreras, pero lo seguimos haciendo”.
