La orden preliminar en contra del perfilamiento racial cubre siete condados y ya fue apelada por el gobierno de Trump, exige a los agentes sospecha razonable de una infracción migratoria antes de detener a alguien.
Una jueza federal ordenó que los agentes de inmigración no pueden detener a personas en el sur de California únicamente por su apariencia latina o por suponer que trabajan en empleos de bajos ingresos. La magistrada de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong emitió la orden el 23 de octubre, y se hizo pública el jueves 29. Se trata de una medida preliminar que sigue a una demanda contra las operaciones migratorias del gobierno en Los Ángeles y sus alrededores, y que el gobierno ya apeló.
¿Qué es el perfilamiento racial?
Según la American Civil Liberties Union (ACLU), “perfilamiento racial” se refiere a la práctica discriminatoria que utilizan agentes del orden para la selección de personas sospechosas de cometer delitos basándose en su raza, etnia, religión u origen nacional. La ACLU detalla que este perfilamiento suele ser practicado por la policía basándose en un conjunto de características que, según creen, están asociadas con el delito. Un ejemplo de perfilamiento racial es cuando los agentes de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) relacionan a las personas de origen o aspecto hispano con la inmigración ilegal.
¿En qué consiste la orden preliminar contra el perfilamiento racial?
La orden cubre el condado de Los Ángeles y otros seis, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. Dentro de esa zona, los agentes deben contar con sospecha razonable de que una persona infringió las leyes migratorias antes de detenerla o interrogarla. La apariencia física o el idioma no son suficientes, y tampoco lo es trabajar como jornalero o en un autolavado. Quedan fuera de la orden los puertos de entrada y los puestos de control fronterizos. El caso, presentado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California y organizaciones de defensa de derechos laborales y de inmigrantes, conocido como Vasquez Perdomo vs. Mullin.
Al explicar su decisión, la jueza explicó que hay suficientes pruebas. Entre ellas había videos de cámaras corporales, mensajes de texto con insultos y evidencia de patrullajes sin objetivos específicos. El tribunal también escuchó relatos de ciudadanos estadounidenses latinos cuyos intentos de demostrar su ciudadanía fueron ignorados, entre ellos un trabajador de un autolavado al que un agente no permitió recuperar su pasaporte, y casos de trabajadores latinos detenidos mientras personas blancas cercanas no fueron molestadas.
Cabe destacar, que esta decisión ocurre luego de otro episodio judicial el año pasado. En 2025, la Corte Suprema suspendió una orden anterior que limitaba el uso de factores como el origen étnico, el idioma, el lugar y el empleo para realizar detenciones. En ese momento, el juez Brett Kavanaugh escribió que la apariencia étnica aparente podía considerarse junto con otras circunstancias para determinar la sospecha razonable. Frimpong señaló que el caso actual presenta pruebas nuevas que no se habían examinado en aquel proceso.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado las acusaciones de perfil racial y sostiene que sus agentes actúan dentro de la ley. La resolución es preliminar y no equivale a una conclusión definitiva de que el gobierno mantuviera una política ilegal. La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, y la ACLU del sur de California respaldaron la decisión.
