La jueza Mary McElroy calificó la directriz como “ilegal” y “procesalmente inválida” luego de una demanda presentada por 20 estados y el Distrito de Columbia.
Mary McElroy, jueza federal de Rhode Island, anuló de forma permanente una directriz de la administración Trump que habría impedido a ciertos inmigrantes acceder a programas federales como los centros preescolares Head Start, las clínicas comunitarias de salud y las iniciativas de educación para adultos. La jueza Mary McElroy, nombrada por Donald Trump en 2019, había bloqueado temporalmente la medida el año pasado, por lo que nunca llegó a implementarse, y el lunes convirtió esa suspensión en definitiva.
Funcionarios de gobierno habían dicho que la directriz buscaba impedir que “extranjeros ilegales” accedieran a beneficios federales, reclasificando una amplia gama de programas de servicios sociales bajo una ley de la administración Clinton. Sin embargo, la regla también habría afectado a una gran cantidad de inmigrantes con estatus legal en el país, incluidos titulares de visas de trabajo y estudiantes, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Estos grupos, clasificados como “extranjeros no calificados” bajo la ley, ya tienen restringido el acceso a Medicaid completo y a la asistencia alimentaria y en efectivo financiada con fondos federales. La directriz fue emitida en julio de 2025 y motivó una demanda presentada por fiscales generales demócratas de 20 estados y el Distrito de Columbia, quienes argumentaron que la medida revertía tres décadas de política que permitía acceder a clínicas comunitarias, refugios para víctimas de violencia doméstica y centros Head Start sin necesidad de comprobar el estatus migratorio.
Los demandantes advirtieron que los efectos de la regla podían extenderse más allá de los grupos directamente señalados, desincentivando a cualquier inmigrante a buscar estos servicios e incluso generando obstáculos para ciudadanos estadounidenses que no pudieran documentar rápidamente su estatus legal. También señalaron que las nuevas exigencias administrativas podrían haber forzado el cierre de operadores de Head Start con financiamiento limitado si no lograban cumplir con los nuevos requisitos.
En su fallo, McElroy determinó que la administración Trump no siguió los procedimientos adecuados para modificar las reglas, ya que omitió el proceso federal de notificación y comentario público antes de emitir la directriz. La jueza aclaró que el gobierno todavía puede intentar cambiar las reglas siguiendo ese proceso formal.
La Administración para Niños y Familias, dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos que supervisa Head Start, indicó que no comenta litigios en curso, mientras que el Departamento de Trabajo remitió las consultas al Departamento de Justicia, que no respondió de inmediato. Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las funcionarias que impulsó la demanda, celebró la decisión judicial y señaló que los intentos del gobierno federal de desmantelar la red de seguridad social, desde exámenes de detección de cáncer hasta bancos de alimentos y educación infantil temprana, habrían sido significativamente negativos para las familias.
