La designación expira el 10 de septiembre de 2025 y dejará de estar vigente 60 días después de su publicación oficial, el 7 de noviembre.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la finalización de la designación de Venezuela como parte del Estatus de Protección Temporal (TPS). El anuncio será publicado oficialmente el 8 de septiembre y entrará en vigor 60 días después. En este sentido, los más de 260 mil venezolanos con TPS perderán la protección el 7 de noviembre de 2025. Además, la medida, anunciada a través del Federal Register, establece que el 10 de septiembre es la fecha de vencimiento prevista en la última extensión de este beneficio.
El TPS es un beneficio migratorio temporal que protege de la deportación y otorga permiso de trabajo a ciudadanos de países con condiciones extraordinarias que impiden su retorno seguro. Venezuela recibió la designación en marzo de 2021 debido a la crisis humanitaria y socioeconómica. De acuerdo con cifras oficiales, hasta junio de 2025 había 268 mil 156 beneficiarios activos bajo la designación de 2021 y más de 106 mil solicitudes pendientes.
Sin embargo, tras una revisión de las condiciones en el país y en consulta con diversas agencias del gobierno estadounidense, la titular del DHS, Kristi Noem, concluyó que ya no se cumplen los requisitos para mantener la designación de 2021.
El DHS destacó factores como mejoras en la situación económica de Venezuela, incluyendo un crecimiento del PIB de 5.3% en 2024 y una reducción significativa de la hiperinflación. Incremento de retornos voluntarios de venezolanos a su país de origen. Además de consideraciones de interés nacional, relacionadas con seguridad fronteriza, migración irregular y riesgos a la seguridad pública.
Durante el periodo de transición de 60 días, los beneficiarios venezolanos de TPS podrán seguir trabajando legalmente y conservar su autorización de empleo. Después de esa fecha, deberán regresar a su estatus migratorio anterior, si lo tenían, u optar por otra vía migratoria disponible en Estados Unidos.
La decisión marca un cambio en la política migratoria para los venezolanos, ya que pone fin a un beneficio que durante más de cuatro años otorgó protección a cientos de miles de personas. No obstante, el DHS enfatizó que la terminación se apega a la ley y responde tanto a la evaluación de las condiciones en Venezuela como a consideraciones de seguridad nacional.
