Por lo menos 364 condados estadundienses y las cien ciudades más grandes en el país han declarado por separado que se oponen a la idea de deportar indocumentados, de acuerdo con un registro que lleva el Centro de Recursos Legales para la Migración.

Aparte, la mayoría de las universidades también ha dejado claro que no va a participar con políticas de detenciones y expulsión de estudiantes indocumentados.

Alcaldes, funcionarios y rectores se han sumado en los últimos días, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico y el noreste estadunidenses.

El alcalde de San Francisco, Ed Lee, declaró que “siempre hemos sido y seremos una ciudad de refugiados, una ciudad santuario y una ciudad de amor”.

En San José el jefe de policía, Eddie García, convocó al cónsul de México, Mauricio Toussaint, acompañarlo a una conferencia de prensa que citó para declarar que “estoy aquí para asegurar a la comunidad que nuestra política no va a cambiar”, la policía no va a detener o entregar a indocumentados a autoridades de migración.

La alcaldesa de Oakland, Libby Schaff, declaró el “compromiso absoluto” de su administración de no colaborar con autoridades de migración.

Schaff dijo que su ciudad se siente “orgullosa de ponerse de pie como santuario, para proteger a nuestros residentes de todo lo que impliquen las injustas leyes federales de migración”.

El alcalde de Richmond, junto a San Francisco, Tom Butt, destacó que tan sólo las ciudades que se han declarado y reafirmado como santuario desde que Donald Trump ganó la elección “representamos a más de 55 millones de estadunidenses”, una voz que no puede ser ignorada y va en aumento.

En Berkeley el regidor Jesse Arreguín recordó que el movimiento santuario se originó en su ciudad para ayudar a refugiados centroamericanos en los años setenta. Dijo que desde entonces no ha cambiado y nunca cambiará.

Otro regidor, Kriss Worthington, ahora presentó una iniciativa para que Berkeley también se declare y posiblemente inicie un movimiento de “zona libre de odio”, es decir de intolerancia por diferencias raciales.

Mientras tanto, la rectora de la Universidad de California, Janet Napolitano, presentó una serie de principios para los diez planteles de la Universidad de California, en los que se protegerá a los estudiantes indocumentados, se les seguirá admitiendo en carreras de educación superior, al igual que en hospitales y centros médicos que seguirán atendiéndolos.

Napolitano fue la secretaria de Seguridad Interior, es decir la encargada de detenciones y deportaciones, entre 2009 y 2013.

Otras universidades privadas, como la católica Universidad de San Diego (USD), la más antigua en el condado y una de las primeras en fundarse en California, simplemente se han declarado o reafirmado santuario al no depender de presupuesto federal.

Más allá de gobiernos locales de California, Oregon y Washington, también se oponen a las deportaciones casi totalmente las administraciones de condados y ciudades en los estados de Vermont, Connecticut y Rhode Island.

También en Colorado, Minnesota, Nueva York, Iowa, Massachusetts, Pensilvania, Nuevo Mexico, Nueva Jersey y Florida.

Además de en la propia capital estadundiense, Washington Distrito de Columbia.

Esas medidas responden al compromiso del Presidente electo durante su campaña electoral, cuando dijo que trabajaría para terminar con las ciudades y condados santuario, obligándolas a cooperar con autoridades de migración o de lo contrario quedarse sin fondos federales para seguridad pública.

Pero algunas ciudades como San Francisco se preparan desde ahora para demandar a Trump al momento en que ordene retirar los fondos.

San Francisco tiene un presupuesto anual de unos diez mil millones de dólares, y los fondos federales que recibe alcanzan mil millones de dólares por año.

El Instituto de Política de Migración calcula, con base en cifras de 2014, que la comunidad indocumentada en San Francisco alcanza 44 mil personas; en el condado pueden ser más de un cuarto de millón de residentes.

Aparte de la política de inclusión de la ciudad de San Francisco, las autoridades tienen en cuenta el costo que tendría para miles de familias de ciudadanos estadundienses que se deporte a los padres o sostenes de las familias, de acuerdo con la contraloría Metropolitana.