The Departamento de Justicia recurre a 67 intérpretes fijos de una agencia y otros 1 mil 650 independientes para procesar cerca de 456 mil casos rezagados en las cortes de inmigración, sin embargo, una disputa con un nuevo contratista federal amenaza con agravar la escasez de intérpretes y las demoras en las cortes.

Los intérpretes en los tribunales de inmigración son una pieza clave en la resolución de casos de deportación, asilo y demás beneficios migratorios; se calcula que solo cerca del 15% de los casos de inmigración se llevan a cabo en inglés, mientras que el resto se realiza en español y otros idiomas, por lo que su aporte resulta vital.

Un grupo de intérpretes se mostraron inconformes ante el Departamento de Justicia, quien el pasado mes de julio otorgó un contrato a una nueva empresa para que a partir de noviembre provea servicios de interpretación en más de 300 idiomas y dialectos en las cortes. La queja radica en que la empresa ofrece salarios por debajo de los que tienen actualmente, además de “condiciones laborales inaceptables”, motivos por los que los intérpretes se niegan a firmar un contrato.

De acuerdo a la ley federal, se exige el uso de intérpretes en casos criminales en los tribunales de inmigración, bajo supervisión de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (OIR, por sus siglas en inglés). Los intérpretes no requieren una certificación especializada a nivel federal pero sí deben conocer la terminología criminal, las leyes de inmigración y los equipos empleados en los tribunales.

Dana Leigh Marks, jueza presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés), comenta al respecto que “los jueces dependemos de interpretaciones precisas para asegurar que las decisiones que tomamos se basan en los hechos expresados por el inmigrante, no en posibles malos entendidos que pueden conducir a errores judiciales, no intencionados pero serios”.

Por su parte, José Pertierra, abogado de inmigración, señaló que sin intérpretes, “los tribunales no pueden impartir debido proceso de ley, ni tampoco hacer justicia en los casos. Los jueces, fiscales, intérpretes y abogados son parte esencial del proceso. Si eliminas a cualquiera de ellos, dañas mortalmente al proceso… y atropellas la justicia que le corresponde a los inmigrantes”, puntualizó.

Fuente: El Diario NY