Una jueza federal dictaminó que la política del gobierno federal de mantener detenidos en centros de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a mujeres y niños que solicitan asilo en los Estados Unidos es violatorio de un acuerdo judicial que data de 1997 conocido como Flores versus Meese. El acuerdo en cuestión prohíbe la detención de menores de edad en instalaciones restrictiva.

La jueza Dolly Gee, de un juzgado de California, determinó que detener a niños que buscan refugio en estos centros es violatorio de la resolución del acuerdo judicial de 1997. El dictamen de Gee es tentativo y otorga un plazo de 30 días en el que los abogados que representan a mujeres y niños detenidos que buscan refugio y el gobierno federal deben establecer un acuerdo que termine con la detención de las familias.

En caso de que no se llegue a un acuerdo, los abogados deberán solicitar al tribunal una solución inmediata para las familias que viven estas detenciones.

Abel Núñez, secretario del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), manifestó su apoyo al fallo de la jueza: “Nos sumamos a las presiones para que ICE ponga en libertad a mujeres y niños mientras esperan la resolución de sus casos de asilo […] la situación en los países de origen de estas personas no está cambiando. Estas familias necesitan un tipo de asilo […]”.

La población de mujeres y niños en los centros del ICE se incrementó a mediados de 2014. En aquel momento, el gobierno federal de los Estados Unidos reconoció que existía una crisis en la frontera, la cual había dado como resultado la detención de más de 46 mil niños centroamericanos indocumentados que intentaron cruzar hacia los Estados Unidos sin compañía.

Como parte de esta crisis, para finales de noviembre del año pasado, las autoridades habían arrestado a unos 66 mil adultos indocumentados que intentaron ingresar a los Estados Unidos con niños sin papeles

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) apuntó que más del 95 por ciento de detenidos fueron puestos en libertad para presentarse ante un juez de inmigración que estudie su caso. El resto fue detenido en cumplimiento con una ley de 2008, la cual que impide la deportación inmediata de menores que no sean originarios de Canadá o de México.

Fuente: Univisión