El pasado 19 de enero diversos grupos de activistas pro inmigrantes presentaron una demanda contra la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras nueve agencias federales para exigir respuestas sobre la aplicación del Programa de Prioridades Policiales (PEP, por sus siglas en inglés).

PEP es el programa que reemplazó al desaparecido Comunidades Seguras y, según el Departamento de Seguridad Nacional, está enfocado en el arresto y deportación solamente de indocumentados con antecedentes penales, sospechosos de terrorismo y que representen un peligro para la seguridad nacional; sin embargo los activistas ponen en duda la transparencia del mismo.

Pablo Alvarado, activista de la Red Nacional de Jornaleros, explicó que ICE está operando bajo un velo de misterio, por lo que demandan “transparencia y rendición de cuentas”. La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Nueva York bajo una ley federal conocida por su sigla en inglés como FOIA, la cual permite a individuos y organizaciones obtener información sobre las operaciones del gobierno.

Los grupos de activistas han señalado que ya habían realizado una solicitud similar hace más de diez meses, pero ICE no ha entregado un solo documento sobre PEP desde entonces.

Por su parte, Danelly Bello, quien pertenece a una clínica de ayuda legal a inmigrantes en Washington, dijo que Comunidades Seguras, conocido en inglés como S-COMM, también tuvo problemas por falta de transparencia y suscitó un litigio que finalmente obligó a su cancelación. La clave, según Bello, es que la gente quiere saber si PEP en realidad es una reforma y algo distinto a Comunidades Seguras o si, como temen los activistas, es simplemente un cambio de nombre.

La demanda se ha producido en paralelo al anuncio del Tribunal Supremo sobre estudiar el caso de la legalidad de los alivios migratorios anunciados en noviembre de 2014, que permanecen bajo cerrojo debido a una demanda de 26 estados.

Fuente: El Diario NY