Tanto abogados como activistas han señalado que la falta de asesoría legal es el principal motivo que acelera la deportación de madres y niños sin acompañante provenientes de Centroamérica.

Un reciente estudio de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York, dio a conocer que un total de 18 mil 607 mujeres y niños indocumentados han recibido órdenes finales de deportación entre julio de 2014 y diciembre de 2015; de este número, el 86% carecía de un abogado.

El estudio del TRAC asegura que si las madres indocumentadas con hijos tienen asesoría legal por parte de un abogado, la oportunidad de ganar sus casos de asilo se incrementa hasta 14 veces. Es por ello que la falta de un abogado en estos casos ha provocado que organizaciones civiles y activistas hagan un llamado para que se detengan las deportaciones y se revisen los casos de deportación de mujeres y menores provenientes de Centroamérica en busca de asilo.

Por su parte, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) menciona que “ha estado trabajando muy conscientemente para asistir a esas madres y niños centroamericanos, que muchos de ellos acabaron detenidos en los centros de detención de Texas y Pensilvania”.

Greg Chen, director de Defensa de AILA, señaló que que cuentan con “abogados voluntarios representado muchas de esas familias, las estadísticas nos muestran que la mayoría de ellos no tienen abogado que los represente en las audiencias de deportación”. Asimismo detalló que sus esfuerzos están enfocados en conseguir asesorías pro bono a estos indocumentados, pues contar con asesoría legal puede significar su futuro legal en Estados Unidos.

De acuerdo con Chen, el sistema de inmigración estadounidense “no garantiza abogados para personas que enfrentan la deportación, incluso aunque ellos estén en riesgo de ser enviados de regreso a condiciones de violencia por crímenes o violencia doméstica”.

Un abogado, explica Chen, puede ayudarlos a entender el funcionamiento del sistema de inmigración, como por ejemplo someter una solicitud de asilo para presentarla ante un juez. “Alguien con un abogado puede probar que está enfrentando persecución si es enviado de regreso a su país y también puede saber la importancia de presentarse en una corte para que entienda sus obligaciones legales”, explicó.

Sobre las cifras dadas a conocer por TRAC, Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de la Red Católica Legal de Inmigración (CLINIC) dijo que “es lamentable que el Gobierno haya emitido órdenes finales de deportación a cerca de 19 mil mujeres y niños que nunca han tenido la oportunidad de tener un abogado que les ayude con la búsqueda de protección de asilo”.

La activista expuso que “incluso los estadounidenses que favorecen la interpretación más estricta de las leyes de inmigración a menudo se sorprenden al saber que estas familias no tienen derecho a un abogado de oficio si no pueden permitirse el lujo de contratar a uno a sí mismos”.

Atkinson concluyó diciendo que “nosotros como sociedad tenemos la obligación moral de asegurar que los solicitantes de asilo tengan la oportunidad de exponer sus argumentos para quedarse con la ayuda de un representante legal acreditado”.

Fuente: EFE