La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en contra de la Ley SB 04 de Texas, que puede entrar en vigor el 1 de septiembre, hasta ahora la pieza legislativa más discriminatoria, antiinmigrante y racista que se haya expedido desde que el republicano asumió la presidencia de Estados Unidos.
La CNDH solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pida a Estados Unidos adoptar las medidas necesarias para proteger a los migrantes, especialmente a mexicanos y latinos, que podrían verse afectados por la adopción de la medida.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez participó en la Mesa Redonda SB 04, organizada por la Programa de Apoyo a los Mexicanos en el Exterior (PAME) en San Antonio, Texas, donde expuso las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en favor de compatriotas que enfrentan riesgos de deportación.
En un comunicado, la CNDH informó que las organizaciones participantes en el encuentro y la propia CNDH ofrecerán ayuda legal y abogados expertos en migración a bajo costo para defender a la población afectada directamente, principalmente a los mexicanos y latinos.
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De acuerdo con la comisión, la SB 04 tendrá efectos negativos en la economía del estado y profundos efectos sociales al dividir a muchas familias.
Los participantes se comprometieron a informar a las comunidades de migrantes sobre lo que cada uno puede hacer para amortiguar y aminorar los efectos posibles de la ley, así como dar a conocer las organizaciones de ayuda legal a su disposición.
Participaron también las organizaciones de defensa de migrantes MALDEF, LULAC, Chicanos por la Causa y Mi Familia Vota; de igual manera, asistieron personajes destacados e involucrados en el tema migratorio como el Arzobispo de la Diócesis de San Antonio, legisladores locales, jefes de policías y empresarios.
De acuerdo con la CNDH, la Ley SB 04 es violatoria de diversas enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América y de diferentes preceptos de la Constitución de Texas, ya que puede caerse en una aplicación diferenciada de la misma y en detenciones arbitrarias.
El ordenamiento afecta los derechos a la libertad de expresión y a la libertad religiosa de instituciones de educación superior privadas, por lo que solicitó a la Corte de Distrito en San Antonio que declarara su inconstitucionalidad y suspendiera su entrada en vigor para que no pueda ser empleada para imponer medidas discriminatorias ni para obligar a las autoridades locales a adoptarlas.
Fuente: Milenio
