Esta semana, una jueza federal en Austin prohibió que una agencia estatal diera licencia de “cuidado infantil” a lo que en realidad es un centro de detención para inmigrantes ubicado en Dilley, Texas. Lo que activistas han calificado como un triunfo temporal.
Sin embargo, la orden dictada por la jueza Karin Crump no cambia por el momento la situación de las más de 1 000 madres y menores de Centroamérica que se encuentran en el centro de detención en Dilley, ni tampoco de las que están detenidas en otro centro similar en Karnes, indicaron activistas.
El objetivo de los activistas es la liberación de las madres refugiadas, junto con sus hijos, que están detenidas en dicho centro, que es el más grande del país, con capacidad para 2 mil 400 personas.
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A pesar de este triunfo temporal, Bob Libal, director de la organización Grassroots Leadership, grupo no lucrativo que pidió la orden judicial, explica que el proceso legal podría tener un efecto en el futuro. “Es una prohibición temporal pero habrá otra audiencia en la que seguiremos cuestionando la autoridad del estado para dar estas licencias".
En su acción legal, Grassroots Leadership argumentó que el Departamento de Servicios de Protección a la Familia de Texas no tiene autoridad legal para regular prisiones como sí la tiene para otorgar licencias a centros de cuidado infantil.
La organización argumenta que estos centros de detención (Dilley y Karnes), que son propiedad y operados por compañías privadas bajo contrato con el gobierno federal, no son lugares adecuados para tener a menores de edad.
Fuente: El Diario NY
