Esta ley obliga a elementos federales a detener a inmigrantes que hayan sido acusados de delitos violentos, incluso sin condena.
La Laken Riley Act, es una ley que exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), detenga a extranjeros que hayan sido arrestados por robo, hurto, latrocinio o hurto en tiendas (shoplifting). Esta ley también autoriza a los estados a demandar al gobierno federal por decisiones o supuestos fallos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración.
Bajo esta ley, el DHS debe detener a una persona que: se encuentra ilegalmente en Estados Unidos o cuenta con un estatus migratorio irregular y que haya sido acusada, detenida, condenada o admita haber cometido actos que constituyan elementos esenciales de robo, hurto, latrocinio o robo en tiendas.
Esta ley, firmada el 29 de enero de 2025, surgió a partir del asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley en febrero de 2024. El perpetrador del crimen, José Antonio Ibarra, un inmigrante indocumentado de Venezuela, había sido arrestado en 2022 por ingresar ilegalmente al país cerca de la frontera de El Paso, Texas. Ibarra fue puesto en libertad para seguir su caso en un tribunal de inmigración, pero no fue expulsado del país.
Previo al asesinato, Ibarra había sido acusado de actuar de una forma tal de herir a un menor de 17 años y una infracción en licencia de conducir en Nueva York, asimismo fue arrestado por cargos de robo en Georgia.
En este sentido, esta ley esta ley obliga a funcionarios federales a detener a cualquier inmigrante que haya sido arrestado o acusado de los delitos antes mencionados, así como agresión a oficiales de policía o delito delitos que hieran o maten.
¿A quiénes afecta esta ley?
Esta ley afecta principalmente a inmigrantes indocumentados con que hayan sido arrestados o cuentan con antecedentes penales aunque no hayan sido condenados todavía.
Cabe destacar que esta ley también contempla el retiro de fondos federales a jurisdicciones que limiten la cooperación de las autoridades locales con las federales, como ocurre en las denominadas ciudades santuario.
En términos generales, esta ley endurece las políticas de detención obligatoria y deportación para este grupo, eliminando en algunos casos la discreción de los jueces migratorios. Por lo tanto, esta ley ha sido cuestionada por organizaciones de derechos civiles, defensores de los inmigrantes y algunos legisladores han por criminalizar a los inmigrantes, fomentar perfiles raciales y debilitar el debido proceso legal, especialmente al autorizar detenciones sin condena judicial.
