La nueva ley SB 2-C prohíbe y sanciona el voto de no ciudadanos, limita licencias de conducir, establece penas severas para inmigrantes indocumentados y crea un sistema estatal de aplicación de leyes migratorias.
El estado de Florida aprobó la ley SB 2-C en 2025, un paquete legislativo que amplía las restricciones para inmigrantes indocumentados y refuerza la colaboración con autoridades federales de inmigración. Entre sus disposiciones destacan la criminalización del voto de no ciudadanos, la negación de licencias de conducir, penas más duras para delitos cometidos por indocumentados y la creación de una Junta Estatal de Control Migratorio.
La ley establece que cualquier no ciudadano que vote en elecciones comete un delito grave de tercer grado, que representa una pena de hasta cinco años de prisión. Además, no se aceptan defensas basadas en “ignorancia del estatus migratorio”. Asimismo, quien asista o solicite a un no ciudadano votar también será penalizado con cargos similares.
Aunque en Florida desde 2023 se emitió y entró en vigor una ley que prohíbe la emisión de licencias de conducir a inmigrantes sin documentos. Dicha ley también prohibió la prestación de servicios de transporte a indocumentados que buscan viajar a Florida. En esta ocasión, la ley de 2025 dicta que se prohíbe emitir licencias o identificaciones a personas sin estatus legal en Estados Unidos. Asimismo, las licencias de otros estados para indocumentados serán invalidadas en Florida.
Por otro lado, quienes obtengan la ciudadanía estadounidense deben actualizar su licencia en los primeros 30 días de manera obligatoria.
Otro de los aspectos que aborda la nueva ley son penas reforzadas para inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, en cuanto a delitos graves, los inmigrantes indocumentados, miembros de pandillas u organizaciones criminales enfrentarán sentencias mínimas obligatorias. De esta manera, los criminales podrían recibir penas de hasta 30 años por delitos de primer grado. Además no podrán acceder a la libertad condicional y deberán cumplir el 100% de la condena.
De igual forma, esta ley busca una mayor cooperación con autoridades federales de inmigración como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Una de las nuevas medidas es la detención automática. Bajo estas nuevas políticas, los Inmigrantes indocumentados arrestados por delitos violentos no podrán ser liberados hasta su audiencia inicial.
Además, las agencias locales deben colaborar con ICE, notificar el estatus migratorio de detenidos y cumplir con órdenes de detención federales.
Esta nueva ley también apunta a la creación de nuevas estructuras de control migratorio:
- Junta Estatal de Control Migratorio: Supervisará la aplicación de leyes federales, coordinará con ICE y emitirá informes anuales.
- Programa de Transporte: Facilitará el traslado de indocumentados a petición de ICE, con fondos estatales y federales.
Finalmente, la ley también incluye la aplicación de sanciones a las denominadas “ciudades santuario”, que promueven políticas para la protección de las comunidades inmigrantes. El gobierno estatal, emitirá multas y demandas a los gobiernos locales que no colaboren con ICE. Además, podrían ser demandados por el estado y enfrentar multas de hasta 5 mil dólares por funcionarios.
Esta ley ha sido criticada por organizaciones pro inmigrantes que advierten sobre posibles perfiles raciales, separación familiar y desconfianza hacia autoridades.
