La acción legal se suma a los recientes esfuerzos federales por frenar programas estatales que otorgan beneficios educativos a personas sin estatus migratorio regular.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado de Minnesota para impedir que continúe ofreciendo matrícula estatal reducida a ciertos estudiantes indocumentados. Se trata del tercer caso en menos de un mes en el que la administración del presidente Donald Trump busca eliminar este tipo de programas, argumentando que discriminan a ciudadanos estadounidenses.
La medida forma parte de una ofensiva legal más amplia impulsada por el actual gobierno federal tras una orden ejecutiva firmada en abril por el presidente Trump. Dicha orden instruyó a las agencias federales a tomar acciones contra leyes o políticas estatales que, según el gobierno, otorguen beneficios indebidos a personas sin estatus migratorio legal por encima de ciudadanos estadounidenses.
Anteriormente, la administración logró que Texas anulara su ley estatal sobre matrícula para estudiantes indocumentados apenas unas horas después de que se interpusiera una demanda federal. Posteriormente, una acción similar fue presentada en el estado de Kentucky.
En esta ocasión, el gobierno federal ha demandado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, al fiscal general estatal Keith Ellison y a la Oficina de Educación Superior de Minnesota. La demanda sostiene que la ley estatal viola los derechos de los ciudadanos estadounidenses de otros estados al permitir que estudiantes sin estatus migratorio accedan a tarifas de matrículas reducidas, negadas a otros ciudadanos por no residir en Minnesota.
En 2013 fue firmada la Minnesota Dream Act, esta legislación permite que ciertos jóvenes indocumentados accedan a matrícula estatal y apoyo financiero, siempre que cumplan ciertos requisitos académicos y de residencia. Es decir, que jóvenes indocumentados que residen en Minnesota peuden acceder a tarifas reducidas en universidades del estado.
Por otro lado, la fiscal general federal, Pam Bondi, afirmó en un comunicado que “ningún estado debe tratar a los estadounidenses como ciudadanos de segunda clase al ofrecer beneficios financieros a inmigrantes ilegales”. El DO aseguró que planea llevar este tipo de demandas a más estados, basándose en el precedente favorable obtenido en Texas.
