El tribunal aceptó el 1 de octubre el recurso del Gobierno contra un fallo que declaró ilegal la medida, en un caso que podría definir si millones de personas pueden pedir libertad bajo fianza mientras avanza su proceso de deportación.
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó examinar si la administración Trump puede detener a inmigrantes durante sus procesos de deportación sin darles acceso a audiencias de fianza. La decisión se conoció el jueves 1 de octubre de 2026, después de que el Gobierno apelara el fallo de un tribunal inferior. La petición del Departamento de Justicia (DOJ) ante la Corte fue presentada el 22 de julio de 2026.
La pregunta que deberán resolver los magistrados es si la sección 1225(b)(2)(A) del título 8 del Código de Estados Unidos obliga a detener, mientras se tramita su expulsión, a las personas que se encuentran en el país sin haber sido admitidas.
El expediente es Rhoney v. Barbosa da Cunha, y la política se basa en una guía emitida en julio de 2025 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se apartó de una interpretación de la ley que se mantenía desde hacía casi tres décadas. La Junta de Apelaciones de Inmigración adoptó esa lectura en septiembre de 2025, por lo que los jueces de inmigración del país comenzaron a ordenar la detención sin posibilidad de fianza. Por su parte, el Gobierno sostiene que la medida es legal conforme a una ley migratoria federal de 1996.
El caso gira en torno a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, ciudadano brasileño que, según la petición del gobierno, entró sin inspección alrededor de 2004 o 2005, solicitó asilo en 2016 y vive en Massachusetts, y que, bajo las nuevas políticas de inmigración, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en septiembre de 2025 y posteriormente quedó en libertad bajo fianza tras decisiones de tribunales inferiores. Un tribunal federal de distrito concedió su recurso de hábeas corpus y el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito lo confirmó el 28 de abril de 2026, al concluir que la disposición de detención obligatoria no se aplica a quienes viven en el interior del país y no fueron detenidos en la frontera o cerca de ella. En su fallo, ese tribunal describió la política como el mandato de detención sin fianza más amplio de la historia del país para millones de personas no ciudadanas.
Los tribunales de apelaciones aparecen divididos, ya que nueve cortes de apelaciones han rechazado la interpretación del Gobierno. Los circuitos Quinto y Octavo, en cambio, respaldaron a la administración en la misma cuestión. La decisión del Quinto Circuito, cuya jurisdicción abarca Texas y Luisiana, fue la primera de una corte de apelaciones en avalar la política. Según un análisis de Reuters, los jueces han fallado en más de 4 mil 400 ocasiones que estas detenciones fueron ilegales, y este año se presentaron más de 73 mil 000 demandas relacionadas.
Por otra parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda junto con otras organizaciones, sostiene que la administración adoptó una interpretación errónea de la ley al determinar que toda persona que entró sin inspección debe permanecer detenida sin acceso a fianza. El tribunal tiene una mayoría conservadora de 6 a 3 y ha permitido que entren en vigor varias políticas migratorias del presidente Trump.
El expediente de la Corte no fija fecha para una resolución, sin embargo, diversos medios especializados esperan que ocurra a inicios de 2027.
UPI
NEWS 800
SCOTUS BLOG
POLITICO
https://www.politico.com/news/2026/06/26/trump-ice-detention-supreme-court-00978482
FOX NEWS
https://www.foxnews.com/politics/supreme-court-hear-challenge-trumps-mass-detention-policy
ACLU
SUPREME COURT
https://www.supremecourt.gov/qp/26-00104qp.pdf
DEPARTMENT OF JUSTICE
https://www.justice.gov/osg/brief/rhoney-v-barbosa-da-cunha
IMMIGRATION ANALYTICS