La organización empresarial considera que el nuevo arancel impuesto por el presidente excede su autoridad legal y amenaza con paralizar la innovación, el empleo y la competitividad del país.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC) interpuso una demanda contra los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Estado (DOS) por la implementación de un nuevo cobro de 100 mil dólares por cada nueva solicitud de visa H-1B, establecido mediante la Proclamación Presidencial sobre la Restricción de Entrada de Ciertos Trabajadores No Inmigrantes, emitida el 19 de septiembre de 2025. El recurso, presentado ante la Corte del Distrito de Columbia, sostiene que esta medida contradice directamente la legislación aprobada por el Congreso y vulnera los procedimientos establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Según la USCC, la imposición del nuevo arancel “desmantela el equilibrio cuidadosamente diseñado por el Congreso” para regular el programa H-1B, destinado a atraer talento especializado extranjero en sectores donde la fuerza laboral estadounidense resulta insuficiente. Antes de la proclamación, el costo promedio de una petición H-1B no superaba los 3 mil 600 dólares.
El documento judicial argumenta que la tarifa “punitiva” de 100 mil dólares no guarda relación con los costos administrativos reales del programa, como exige la ley. De hecho, la USCC argumenta que, por el contrario, que fue diseñada para desalentar el uso de la visa y limitar el acceso de las empresas estadounidenses a trabajadores altamente calificados.
La USCC advirtió que el incremento tendría un impacto crítico en pequeñas empresas, universidades y centros de investigación, que dependen del talento especializado para sostener proyectos de innovación. En el documento señala que “la medida encarecería drásticamente la contratación de personal calificado, obligando a las empresas a reducir operaciones, aplazar inversiones y, en muchos casos, abandonar por completo el programa H-1B”.
Asimismo, la organización subraya que incluso los grandes empleadores en sectores tecnológicos, de salud o ingeniería tendrían dificultades para absorber este aumento. Citando testimonios recogidos tras el anuncio, el documento menciona a empresarios de Silicon Valley que calificaron la medida como “una catástrofe” y “un golpe directo a la capacidad de innovación de Estados Unidos”.
En el ámbito jurídico, la Cámara argumenta que la proclamación presidencial excede los poderes otorgados al Ejecutivo bajo las secciones 212(f) y 215(a) de la INA, al modificar sin autorización legislativa las tarifas que el Congreso ya había establecido por ley: $1,500 por petición H-1B, $500 por prevención de fraude y un cargo adicional de $4,000 para ciertos empleadores con alta proporción de trabajadores extranjeros.
Asimismo, la demanda sostiene que el Ejecutivo omitió el proceso obligatorio de consulta pública y revisión reglamentaria, al imponer unilateralmente un arancel cien veces mayor sin ofrecer justificación basada en costos o estudios técnicos. Tal proceder, afirma el texto, constituye una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo por ser “arbitrario y caprichoso”.
En este sentido, la USCC solicita a la Corte que declare la proclamación nula e inejecutable, y que emita una orden judicial para impedir que las agencias federales apliquen o ejecuten sus disposiciones. También pide la anulación de cualquier acción administrativa derivada de la medida y la compensación de costos legales.
