A diferencia del “LA Justice Fund”, este programa representaría a todos sin importar antecedentes penales, siempre y cuando no tengan los ingresos para pagarse un abogado privado.
Una red de once ciudades a través del país lanzó un proyecto para ofrecer representación a todos los inmigrantes en proceso de deportación que no puedan, por sus bajos ingresos, obtener un abogado, con el objetivo de darles la oportunidad de defenderse efectivamente en el tribunal migratorio.
Pero a diferencia del programa que existe en Los Ángeles y en otras ciudades y condados del país, la nueva llamada “Red de Ciudades Seguras” tiene el objetivo de ofrecer un abogado a TODOS los inmigrantes en este proceso, sin importar sus antecedentes penales. La única condición es que sean de bajos ingresos.
El objetivo, según dijo Tania Vargas, coordinadora de programas del Vera Institute of Justice, es lograr la representación universal de los inmigrantes que están enfrentando los esfuerzos del gobierno federal para expulsarlos del país, “no importa el tipo de caso”.
“No importa para este efecto que la persona tenga un buen caso o no”, dijo Vargas. “Lo que queremos lograr es el acceso a justicia y la representación de todos los que vayan frente a un juez”.
Tres ciudades y Condados de California son parte de esta red: la ciudad de Santa Ana, el condado de Oakland-Alameda y Sacramento. Aparte de California, también son parte de la red: Atlanta, Georgia; Austin, Texas; Baltimore, Maryland; Chicago, Illinois; Columbus, Ohio; Dane County, Wisconsin; Prince George´s County en Maryland; y San Antonio, Texas.
Cada ciudad o condado administrará el programa y otorgará fondos a proveedores legales y organizaciones comunitarias, pero Vera Institute, una organización nacional que se esfuerza en facilitar acceso legal a comunidades que lo necesitan, ayudará a entrenar y administrar el programa en general.
La diferencia principal entre esta red y programas como el de Los Ángeles (LA Justice Fund), es que en este último no se utilizarán fondos públicos para representar a personas convictas de ciertos delitos graves o violentos y solo se buscará dar prioridad a los casos que “tengan la posibilidad de ganar”.
Es muy difícil impedir la deportación de una persona convicta de determinados delitos graves, pero Vargas indicó que el objetivo de esta red es la de “reconocer que todos deben tener acceso al debido proceso legal”.
Un proceso de deportación es la única ocasión en el que una persona enfrenta a la autoridad federal en un tribunal y no tiene derecho a un abogado en caso de no poder pagarse uno. En los procesos penales o criminales, los acusados indigentes reciben un defensor público.
Este no es el caso en los procesos migratorios, que son civiles.
Fuente: La Opinión
