El Plan Frontera Sur, ideado por el gobierno estadounidense para detener el paso de los inmigrantes centroamericanos mientras transitan de México a Estados Unidos (EE UU), ha sido calificado como “obsoleto, injusto e inhumano” por diversos activistas e instituciones pro inmigrantes.
Cada día, cientos de inmigrantes centroamericanos salen de sus países escapando de la violencia. El Plan Frontera Sur tiene por objetivo frenarles el paso por México hacia EE UU para deportarlos, acto que, según activistas, no resuelve la crisis en la región.
Previo a presentar su informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), activistas de la Misión Internacional de Verificación sobre los derechos humanos de migrantes en Honduras, afirmaron que EE UU tiene parte de responsabilidad en resolver la crisis y dar un trato digno a quienes buscan refugio en el país norteamericano.
Mayra Alarcón, miembro de la Oficina Regional para Centroamérica y México del grupo Consejería de Proyectos (PCS) dijo: “Nos preocupa que esta crisis se vuelva invisible; la gente sigue saliendo para salvar sus vidas. Los derechos no tienen fronteras y que la gente salga sin visa no los priva de que EEUU, y los demás gobiernos, los protejan”.
Alarcón argumentó que “todos los días están saliendo cientos y miles de centroamericanos (45 mil 500 han sido deportados desde México a Honduras entre enero y junio de este año), y EE UU debe hacer una lectura más adecuada de la realidad en la zona, dejar de ver a los inmigrantes como un problema de seguridad nacional y dar una respuesta integral a la crisis”.
Por su parte, Patricia Montes, directora ejecutiva del Centro Presente en Boston, Massachusetts y miembro de la red Alianza Américas, señaló que el sistema migratorio de EE UU “es obsoleto, injusto e inhumano”, ya que, comentó, si bien los países tienen derecho a resguardar sus fronteras, debe ser “siempre y cuando no se violen los derechos humanos de las personas”.
En Centroamérica, la violencia sigue causando desplazamiento interno y migración forzada, por lo que los activistas urgieron tanto al gobierno de EE UU como a la comunidad internacional que no permitan que el problema “se vuelva invisible”.
Fuente: La Raza
