Este lunes 13 de junio era la “segunda ventana” en la que la Corte Suprema podría comunicar su fallo sobre los alivios migratorios DAPA y DACA plus, sin embargo no sucedió. La espera deberá prolongarse, por lo menos, una semana más. Las próximas entregas de dictámenes por parte de la Corte Suprema serán el 20 y 27 de junio.
La espera de millones de inmigrantes indocumentados por la decisión final sobre la Acción Ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama se prolonga hasta el 20 de junio. Si ese día tampoco se presentan los dictámenes correspondientes, el anuncio se haría el lunes 27.
¿Qué es lo que está en juego? El pasado 9 de enero de este año, la Corte Suprema anunció que revisará la Acción Ejecutiva. El tribunal dejó en claro que quiere responder a cuatro preguntas legales clave, tres de ellas ya planteadas en la Corte de Brownsville, Texas:
1.-¿Tienen los estados derecho a demandar la Acción Ejecutiva argumentando que la medida les causará pérdidas económicos (el principal argumento esgrimido por Texas)?
2.-¿Es la Acción Ejecutiva migratoria una medida caprichosa y arbitraria que carece de sustento o respaldo en leyes federales?
3.-¿Debió el Ejecutivo haber consultado a los estados y tomar en cuenta sus opiniones antes de anunciar la Acción Ejecutiva?
4.-¿Impide alguna ley que Obama tome Acción Ejecutiva como la anunciada el 20 de noviembre del 2014?
De acuerdo con Stephen Yale-Loehr, profesor de la escuela de leyes de la Universidad Cornell de Nueva York, “el Tribunal Supremo está programado para emitir su decisión en el caso Estados Unidos versus Texas en cualquier momento hasta finales de junio. El caso se refiere a si el presidente Obama puede pasar por alto al Congreso y aplazar deportaciones y otorgar permisos de trabajo temporales a varios millones de padres indocumentados y jóvenes”.
El profesor detalla que, además de decidir la legalidad de los programas DACA y DAPA, “el fallo de la Corte Suprema en el caso Estados Unidos versus Texas puede tener implicaciones más amplias sobre si y cuándo los estados pueden demandar al gobierno federal, y sobre las acciones ejecutivas en general. La decisión podría redefinir el equilibrio de poder entre el Congreso y el Presidente”, concluyó.
Fuente: Univisión
