Ser detenido independientemente del motivo que sea es difícil de asimilar, lo cual se aumenta de forma importante si los detenidos son niños, y más aún si son detenidos en un país extranjero, al que fueron en busca de ayuda.
Ese es el panorama que viven miles de niños centroamericanos que viajan solos o con su familia y son detenidos por agentes de inmigración, quienes los llevan a centros donde permanecen hasta que un juez dictamine su futuro en Estados Unidos o su eventual deportación.
Ante ello, y avivando el debate sobre si las detenciones son la mejor manera de tratar la ola de inmigración, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito recibió un documento donde dos instituciones que representan a psiquiatras infantiles y trabajadores sociales de todo Estados Unidos, donde se expone que no es posible detener a menores de edad, aún con sus familiares, sin amenazar gravemente su salud mental y exponerlos a repetidos traumas que llevan incluso a ideas de suicidio.
El documento, compuesto por 40 páginas, hace referencia a la detención de menores centroamericanos junto a sus padres o madres en los llamados centros de detención familiar de la Agencia de Inmigración de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El mismo fue escrito luego de reuniones con docenas de familias inmigrantes detenidas en los centros familiares de Berks, Pennsylvania y en Karnes City, Texas.
En su mayoría, se trata de madres con hijos menores provenientes de países del Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), quienes huyen de la violencia en sus países buscando refugio en Estados Unidos. El documento explica cuál es el sentir de los niños en el contexto de la detención y los efectos que la misma tiene en su salud mental.
De acuerdo con el documento, “menores detenidos por sólo unas pocas semanas en estas instalaciones exhibieron numerosos síntomas de trastorno de salud mental, incluyendo ideación suicida. Los profesionales médicos que se reunieron con las familias de detención del ICE llegaron a la conclusión de que la detención de la familia no puede ser implementada de manera que no ponga en peligro el bienestar mental de los niños”.
La conclusión a la que se llega en el reporte es que el gobierno estadounidense debería cumplir lo antes posible con la orden dada el 24 de julio de 2015 por la jueza federal Dolly Gee, y liberar lo antes posible a todos los menores detenidos. La orden establece que los menores de edad no deben ser detenidos en centros excepto bajo circunstancias extraordinarias, estén o no con sus padres.
Fuente: La Prensa
