Fiscales Generales de 24 estados firmaron un documento dirigido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el cual ratificaron su apoyo al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El documento de 33 páginas dirigido al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y a la directora del Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ur Mendoza Jaddou, fue presentado por los Fiscales Generales de 24 estados el 19 de noviembre de este año. El documento pide al DHS que finalice de codificar las regulaciones para que DACA continúe beneficiando a inmigrantes elegibles.
Los fiscales de los siguientes estados firmaron el documento a favor de DACA: California, Nueva Jersey, Nueva York, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y Wisconsin.
El documento llama a continuar con DACA, ya que favorece y promueve el bienestar de la población, el crecimiento de negocios locales y la efectividad de las instituciones educativas, entre otros aspectos relacionados con el desarrollo social y el crecimiento económico.
Además, menciona que, desde la creación de DACA en 2012, se ha protegido de la deportación y se han brindado autorizaciones de trabajo a aproximadamente 825 mil personas, incluyendo 514 mil en los estados que firmaron el documento.
El impacto de DACA se ha reflejado en universidades públicas y privadas, compañías, organizaciones sin fines de lucro, y agencias gubernamentales. Ejemplo de esto fueron los trabajadores esenciales al comienzo de la pandemia, ya que en abril de 2020 un estimado de 27 mil trabajadores de la salud dependían de DACA para trabajar.
“Los beneficiarios de DACA son miembros vitales de sus comunidades, y sus talentos enriquecen a los Estados de innumerables maneras. Los beneficiarios de DACA son trabajadores -en muchos casos, trabajadores esenciales- que han hecho contribuciones significativas a las economías de los Estados”, explica el documento.
En este sentido, el documento también menciona que, una encuesta de 2020 a beneficiarios de DACA, mostró que, el 91,7% de los encuestados estaban empleados o en la escuela/universidad. Cifras estimadas indican que 222 mil DACA tienen trabajo en los 24 Estados que firmaron el documento.
Las grandes contribuciones de los beneficiarios de DACA a la economía de Estados Unidos, podrían convertirse en pérdidas en caso de que el programa no continue de la forma en la que fue planeado. El documento explica que la caída de las solicitudes iniciales de DACA, como es el caso actual, tras la decisión del juez federal de Texas sobre cancelar las nuevas solicitudes, podría resultar en pérdidas de más de USD 26 mil millones de dólares en ingresos individuales en los próximos 20 años. Y si ocurriera una cancelación definitiva de DACA las pérdidas estimadas para el crecimiento económico del país en una década serían de USD 280 mil millones de dólares.
“Los Estados (que firmaron el documento) instan al DHS y al USCIS a finalizar las regulaciones que codifican DACA y aseguran que los Estados puedan seguir beneficiándose de sus poblaciones elegibles para DACA. Dicha norma sería Esta norma sería consistente con el interés público y ayudaría a los Estados en sus esfuerzos por proteger la salud seguridad y bienestar de sus residentes”, concluye
Puedes consultar el documento completo en el siguiente enlace: https://oag.ca.gov/system/files/attachments/press-docs/DACA%20NPRM%20Multistate%20Comment%2011.19.21%20FINAL.pdf
