Dreamers universitarios en Florida viajaron cada semana a la capital del estado para defender su derecho a la matrícula estatal.
Una propuesta legislativa anunciada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, derogaría la ley de equidad de matrícula, obligando a colegios, universidades y preparatorias a renunciar a las matrículas estatales para ciertos estudiantes indocumentados Derogar esta ley impediría que miles de jóvenes inmigrantes cada año puedan acceder a una educación universitaria accesible, lo que afectaría su futuro profesional. De aprobarse esta ley, más de 40 mil estudiantes indocumentados actualmente inscritos en universidades del estado se verían afectados.
Los Dreamers en instituciones de educación superior, pagan actualmente una tarifa de matrícula estimada de 6 mil dólares, y si se implementa la ley propuesta por DeSantis, pagarían alrededor de 22 mil dólares, según explica Britney Ortiz, Dreamer y estudiante de UCF.
Sin embargo, no todas son malas noticias, pues un grupo de universitarios, que se han beneficiado de la ley de 2014 que permite la matrícula estatal para jóvenes indocumentados, se han organizado para defender su derecho a la educación superior accesible.
Durante más de dos meses decenas de Dreamers viajaron a Tallahassee, la capital del estado, para reunirse con legisladores de Florida, con el propósito de pedirles y exigirles proteger la ley de 2014, que les ha permitido acceder a la educación superior de manera más asequible.
Los Dreamers compartieron sus historias y experiencias con los legisladores, que en su mayoría eran republicanos, para tratar de convencerlos y evitar la legislación en contra de los beneficios para estudiantes indocumentados. “Cuando hablé con los legisladores, les expliqué cómo nosotros, los Dreamers, en realidad solo estamos tratando de superarnos, contribuir con las comunidades en las que crecimos y alcanzar nuestro sueño americano”, explicó el Dreamer brasileño, Murilo Alves, que llegó a Estados Unidos hace más de dos décadas cuando tenía tres años.
Hasta el momento, los planes de derogar la ley de 2014 han sido pausadas luego de un periodo de 60 días de sesiones legislativas. “Aunque lo hemos impedido este año, siento que tengo que seguir luchando para asegurarme de que no ocurra el año que viene y los siguientes”, explicó Vicki López representante estatal de Miami.
“Aprendí el poder que tienen nuestras voces. Como no podemos votar, a veces es difícil hacer oír nuestras voces. Pero no podemos escondernos, tenemos que hablar”, explicó Ortiz, que viajo cada semana a Tallahassee durante el periodo de sesiones legislativas.
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