Los trabajadores indocumentados están legalmente obligados a pagar impuestos federales sobre sus ingresos.
Los contribuyentes indocumentados deben pagar impuestos en Estados Unidos, para ello es necesario contar con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La información de las declaraciones de impuestos de todos los contribuyentes, según el Código de Rentas Internas (IRC), debe ser confidencial y actualmente no hay ninguna ley que autorice si divulgación con fines de control migratorio.
Sin embargo, la jueza federal Dabney Friedrich del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, nombrada por Donald Trump en 2017, se negó a impedir que el IRS comparta datos fiscales de trabajadores indocumentados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el propósito de identificar a personas que se encuentran ilegalmente en el país para su posterior deportación. Friedrich denegó una orden judicial preliminar que fue interpuesta por organizaciones sin fines de lucro, que argumentaba que los inmigrantes sin documentos que pagan impuestos tienen derecho a protecciones de privacidad iguales a los ciudadanos o inmigrantes con estatus legal.
A finales de abril de 2025, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llegaron a un acuerdo que permitiría que el IRS compartiera información de contribuyentes inmigrantes con ICE. Posteriormente, tras la publicación de un memorándum de entendimiento (MOU) que detallaba esta acción, surgió una demanda por parte del Centro de Trabajadores Unidos y otras organizaciones. La demanda buscó evitar que el IRS divulgara de manera no autorizada información de contribuyentes inmigrantes con la finalidad de facilitar tareas de detención y deportación.
Asimismo, la Orden Ejecutiva 14161 firmada el 20 de enero de este año, ordenó a jefes de agencias como DHS identificar y expulsar a personas presentes ilegalmente en el país. Además, el MOU establece que el DHS ha identificado a personas presentes ilegalmente y que tiene órdenes de expulsión. Bajo esa base, el MOU intervino para que el IRS revelara a ICE, que pertenece al DHS, información de los contribuyentes que de otro modo sería confidencial. La información incluiría datos como nombre, dirección, información de la declaración, entre otros. Esta decisión incluso provocó la renuncia de la comisionada interina del IRS, Melanie Krause y otros funcionarios.
Organizaciones civiles han catalogado esta acción del gobierno estadunidense como una injusticia hacia los contribuyentes indocumentados, que durante décadas fueron invitados a pagar sus impuestos para poder obtener una posible vía para legalizar su estatus migratorio en un futuro.
