Luego de la derogación de la Ley Dream de Texas y demandas federales en otros estados, docentes, estudiantes y expertos legales exigen proteger el acceso equitativo a la educación superior.
Organizaciones educativas, estudiantes y defensores de derechos civiles alzaron la voz está para denunciar la creciente ofensiva contra el acceso a matrícula estatal para estudiantes indocumentados en Estados Unidos. En una conferencia de prensa organizada por la organización United We Dream, participantes de Texas, Kentucky y Minnesota alertaron sobre las consecuencias sociales y económicas que implican estos retrocesos legislativos.
La conferencia de prensa se llevó a cabo en el contexto de la reciente derogación de la Ley Dream de Texas, que estuvo vigente por 24 años, y de las acciones del Departamento de Justicia (DOJ), que presentó demandas legales contra los estados de Kentucky y Minnesota por ofrecer tarifas de matrícula estatal a estudiantes indocumentados.
Juan Martínez-Guevara, gerente de incidencia en Texas para United We Dream, calificó la derogación como un precedente peligroso: “El fin de la Ley Dream en Texas se está utilizando como modelo para atacar a estudiantes en otros estados. No se trata de beneficiar a un grupo sobre otro, sino de garantizar que todos los estudiantes, sin importar su origen, tengan oportunidad de aprender y contribuir a sus comunidades”.
Otra de las participantes fue Rory, una estudiante universitaria en Texas, quien compartió su experiencia personal, explicando que la Ley Dream de Texas, más que una política, representó una oportunidad para los estudiantes indocumentados. “Negar la educación según el estatus migratorio socava los principios de justicia y equidad que deberían regir en nuestro país”, detalló.
Desde una perspectiva económica, Al, recién graduado, advirtió acerca de los efectos negativos que esta medida tendrá para el estado. “Su eliminación significa que estudiantes que aspiraban a ser enfermeros o maestros ya no podrán cubrir las vacantes críticas en zonas rurales como Big Bend o distritos escolares con escasez de personal como Bryan ISD”.
Por otro lado, expertos legales y educativos también se pronunciaron. Krystal M. Gómez, abogada de Texas Immigration Law Council, recalcó que el programa era una política bipartidista sensata: “Por más de dos décadas, la Ley Dream de Texas fortaleció la fuerza laboral y la economía del estado. Era una promesa a los estudiantes y al futuro de Texas”.
Asimismo, Ovidia Molina, presidenta de la Asociación de Maestros del Estado de Texas, cuestionó el cambio abrupto en la política pública que estuvo vigente por 24 años y que además convirtió a Texas en el estado pionero de las políticas educativas a favor de los inmigrantes. “Ahora, se usa como otra forma de decirle a las comunidades inmigrantes que no pertenecen aquí, lo cual no es cierto. Todos pertenecemos a Texas”.
