La OCC, el FDIC y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito emitieron un lineamiento conjunto que forma parte de una orden ejecutiva de mayo firmada por el presidente Trump para restringir el acceso de personas sin documentos al sistema bancario.
El gobierno de Donald Trump avanzó en su estrategia para limitar el acceso de inmigrantes indocumentados al sistema bancario de Estados Unidos. Tres de los principales reguladores financieros del país, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA), publicaron el 13 de julio un lineamiento conjunto que pide a los bancos evaluar como potencialmente riesgosos los préstamos otorgados a trabajadores sin autorización legal para trabajar en el país.
La medida se enmarca en una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo, titulada “Restaurando la Integridad al Sistema Financiero de Estados Unidos”, que instruyó al Departamento del Tesoro y a los reguladores financieros a elaborar estándares más estrictos de verificación de identidad y evaluación de préstamos para personas que residen de forma irregular en el país. Según reportó previamente The Wall Street Journal, funcionarios del gobierno comenzaron a explorar desde principios de año la posibilidad de utilizar el sistema bancario como una herramienta adicional para respaldar la campaña de deportaciones masivas de la administración.
El nuevo lineamiento no prohíbe a los bancos ofrecer cuentas o préstamos a personas indocumentadas, y tampoco modifica los estándares vigentes que obligan a las instituciones financieras a mantener prácticas de suscripción de crédito seguras para prevenir incumplimientos generalizados. Lo que hace es detallar por qué otorgar préstamos a trabajadores sin autorización laboral podría representar un riesgo.
Entre los motivos señalados por las agencias están la posibilidad de que el prestatario sea deportado o que un empleador lo despida al descubrir que carece de autorización de trabajo válida, circunstancias que afectarían su capacidad de pago. Los reguladores añadieron que las instituciones financieras podrían enfrentar dificultades adicionales para hacer efectivas las garantías de préstamos colateralizados, ya que resultaría más complejo localizar a prestatarios sin autorización de trabajo o recuperar bienes que no estén fijados a un domicilio.
El lineamiento también advierte a los bancos sobre el riesgo de tener una concentración elevada de préstamos entre prestatarios indocumentados, señalando que un cambio en la aplicación de las políticas migratorias podría afectar simultáneamente la capacidad de pago de múltiples clientes. La guía hace referencia, además, a un comunicado emitido en junio por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), en el que se recordó a los acreedores que, bajo la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, están facultados para considerar el estatus migratorio de un solicitante al evaluar el riesgo de repago.
Esta guía conjunta se suma a otras medidas que el gobierno de Trump ha impulsado este año con el mismo propósito. En junio, la Red de Control de Delitos Financieros, en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), había emitido una advertencia previa que instruía a las instituciones financieras a vigilar posibles casos de fraude en nómina por parte de empleadores que contratan trabajadores indocumentados. Los reguladores también han pedido a instituciones financieras y empresas de pagos que reconsideren los riesgos de ofrecer tarjetas de crédito e hipotecas a esta población.
Si bien la nueva guía no constituye una prohibición formal, especialistas consultados por distintos medios advierten que este tipo de advertencias regulatorias suele generar un efecto disuasivo en la actividad bancaria, ya que eleva los costos de cumplimiento para las instituciones financieras y dificulta que estas justifiquen ante los reguladores por qué otorgan crédito a esta población. Además, existe una falta de información pública sobre cuántas personas indocumentadas tienen actualmente acceso a préstamos, debido a que los bancos no están obligados a recabar información sobre el estatus migratorio de sus clientes.
Esta política se produce en paralelo a otra línea de investigación de la administración Trump, centrada en presuntas prácticas de “debanking” o cierre discriminatorio de cuentas bancarias por motivos políticos o religiosos, tema sobre el cual el presidente firmó una orden ejecutiva independiente.
