Entre los ejemplos mencionados se encuentran recibir el Supplemental Security Income administrado por la Administración del Seguro Social (SSA), participar en el programa federal Temporary Assistance for Needy Families, acceder a programas de asistencia general estatales o locales dirigidos a familias de bajos ingresos, o permanecer en instituciones de cuidado prolongado financiadas con recursos públicos.

En este sentido, el DOS advierte que el uso indebido de beneficios públicos por parte de visitantes extranjeros puede tener consecuencias migratorias serias. Estas incluyen la revocación de la visa vigente, la posible inelegibilidad para futuras visas e incluso, en casos de fraude, procesos penales.

La dependencia del gobierno es un criterio contemplado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) desde hace más de un siglo. Bajo esta normativa, los funcionarios consulares pueden negar una visa si consideran que el solicitante tiene probabilidad de convertirse en carga pública en Estados Unidos. Para tomar esta decisión, los oficiales evalúan de manera integral distintos factores, como la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos financieros, la educación o habilidades laborales, así como el uso actual o previo de ciertos beneficios públicos.

El anuncio también aclara que los ciudadanos extranjeros pueden seguir solicitando visa para viajar a Estados Unidos con fines de tratamiento médico, siempre que demuestren que cuentan con los medios para cubrir los costos y que no dependerán del gobierno estadounidense para pagar su atención o manutención. Cada caso, señala la dependencia, se analiza de forma individual y la visa solo se emite cuando el solicitante demuestra que cumple con los requisitos establecidos por la ley migratoria.