La nueva legislación prohíbe arrestos civiles en y alrededor de juzgados para garantizar el acceso a la justicia.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó una nueva ley que prohíbe los arrestos civiles, incluidos los de carácter migratorio, dentro de los tribunales del estado, así como durante el trayecto de ida y regreso a estos espacios. La medida, denominada Court Access, Safety, and Participation Act, busca garantizar que todas las personas puedan acudir a los juzgados sin temor a ser detenidas o acosadas.
La legislación fue impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Emanuel Chris Welch; el presidente del Senado estatal, Don Harmon; la representante estatal Norma Hernández y la senadora Celina Villanueva. La iniciativa contó con el respaldo de más de 80 organizaciones y fue promovida activamente por el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), junto con otras organizaciones de derechos civiles, legales y comunitarias.
La nueva ley prohíbe de manera expresa los arrestos civiles sin orden judicial, incluidos los realizados por autoridades migratorias, en el interior de los tribunales, así como en los accesos y rutas de traslado relacionadas con procesos judiciales. Su objetivo es proteger a litigantes, testigos, víctimas y otras personas que participan en procedimientos legales, para que puedan ejercer sus derechos sin miedo a detención o deportación.
De acuerdo con MALDEF, la aprobación de esta ley responde a un aumento significativo de acciones de control migratorio en las inmediaciones de tribunales en Illinois. Desde enero, al menos 14 residentes del estado habrían sido detenidos o acosados por agentes federales cerca de juzgados en los condados de Cook, Will y Kane, lo que generó preocupación por el impacto de estas prácticas en el acceso a la justicia.
Además, la legislación también establece mecanismos de protección legal para las personas afectadas por detenciones indebidas. Aquellas que sean arrestadas en violación de la ley podrán presentar demandas civiles, y quienes incumplan la norma podrían enfrentar responsabilidad por detención ilegal, desacato judicial y el pago de daños estatutarios por hasta 10 mil dólares, además de otros daños reales y medidas ordenadas por los tribunales.
La ley aclara que no limita los arrestos realizados con órdenes judiciales válidas, ni aquellos relacionados con delitos penales, y tampoco aplica a tribunales federales o de inmigración. Con su entrada en vigor inmediata, autoridades y organizaciones defensoras de derechos civiles señalaron que la medida refuerza el principio de que el sistema judicial debe ser accesible y seguro para todas las personas, sin importar su estatus migratorio.
