La coalición de 17 estados asegura que el cambio propuesto por el DOL afectará la protección salarial y aumentará la vulnerabilidad de los trabajadores temporales.
Una coalición de 17 fiscales generales demócratas presentó una objeción formal al Departamento de Trabajo (DOL) por una nueva regla que reducirá los salarios de los trabajadores agrícolas temporales contratados bajo el programa de visas H-2A. Los fiscales generales, entre ellos Rob Bonta de California, Aaron Ford de Nevada y Phil Weiser de Colorado, enviaron una carta a la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, en la que rechazan la modificación del Adverse Effect Wage Rate (AEWR), la tasa mínima diseñada para evitar que la contratación de trabajadores extranjeros afecte negativamente los salarios de los trabajadores domésticos.
Cabe destacar que, el programa H-2A permite a empleadores agrícolas contratar trabajadores extranjeros para labores temporales o estacionales cuando no hay mano de obra local suficiente, según el DOL.
Los fiscales generales señalan que el DOL reduciría los salarios mediante varios cambios, entre ellos, el establecimiento de una nueva metodología que no incorpora datos agrícolas especializados, así como la implementación de un sistema salarial de dos niveles que disminuiría el pago a los trabajadores de ingreso inicial. De igual manera, el DOL plantea reclasificar puestos tradicionalmente mejor remunerados y descontar parte del salario para cubrir costos de vivienda, a pesar de que en el programa exige que el empleador la proporcione sin costo.
En su carta, la coalición afirma que la regla es “arbitraria” y contraria al mandato del DOL de proteger a los trabajadores. Aseguran además que la medida revierte protecciones salariales vigentes desde 1986.
La metodología se basa en datos de la encuesta Occupational Employment and Wage Statistics y que se fijan tasas según cinco códigos ocupacionales que agrupan las labores más comunes en campo y ganadería. Por su parte, el DOL también sostiene que los ajustes consideran las diferencias entre los trabajadores estadounidenses y los trabajadores H-2A que reciben alojamiento gratuito por parte del empleador.
Los fiscales generales argumentan que la reducción salarial podría acercar los ingresos de los trabajadores a los niveles de pobreza, poniendo en riesgo su bienestar. Citan además que el propio DOL ha documentado casos de robo de salario y malas condiciones de vivienda en el sector agrícola.
Además, señalan que, pese a estas condiciones, la nueva regla traslada beneficios económicos a los empleadores a expensas de los trabajadores, y advierten que también afectará a los presupuestos estatales, ya que las agencias locales administran parte del programa H-2A. La coalición también acusó al DOL de evitar el proceso formal de comentarios públicos exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al emitir la regla como una Interim Final Rule.
Además de California, Nevada y Colorado, los estados que se unieron a la carta son: Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Minnesota, Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Washington.
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