La administración de Joe Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), publicó la regla final sobre "carga pública" que modifica la regla de la administración pasada que limitaba la elegibilidad para la residencia permanente.
El DHS emitió la regla final que publicó en el Registro Federal el 9 de septiembre. La regla de más de 400 páginas ahora es más clara sobre los motivos de inadmisibilidad por carga pública para los no ciudadanos. La nueva regla indica que los solicitantes de residencia permanente o Green Card no serán penalizados por beneficiarse de programas de asistencia pública, por ejemplo, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Medicaid, Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), y beneficios de vivienda. Dicha regla entrará en vigor el 23 de diciembre de 2022.
La “carga pública” es un término que se refiere a no ciudadanos en Estados Unidos con probabilidad depender del gobierno para subsistir. De forma, al considerarse “carga pública”, los inmigrantes legales pierden la elegibilidad para obtener la residencia legal permanente. Sin embargo, durante la administración anterior la regla consideraba carga pública a los no ciudadanos que accedían a programas gubernamentales como los mencionados anteriormente. Lo que además provocó una menor cantidad de solicitudes para esos programas, debido a la regla de carga pública vigente en ese momento.
Con la nueva regla, la administración actual busca proporcionar mayor claridad y consistencia para los inmigrantes legales en el tema de la carga pública y la inadmisibilidad. No se trata de un cambio desconocido, ya que por la mayor parte de las últimas dos décadas, a través de la Interim Field Guidance de 1999, esta contiene criterios similares a los de la nueva regla emitida por el DHS.
“Esta acción garantiza un trato justo y humano para los inmigrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas. De esta forma, los no ciudadanos no serán penalizados por acceder a beneficios de salud u otros servicios complementarios del gobierno que están disponibles para ellos.
En este sentido, las determinaciones para que un no ciudadano se convierta en carga pública según el DHS se basará en: La edad del no ciudadano, estado de salud y familiar, recursos y estado financiero, educación y destrezas. Así como evidencia sobre programas de ingreso suplementario, asistencia en efectivo, asistencia temporal para familias necesitadas, y otros programas de beneficios en efectivo a nivel estatal, local o territorial, denominados Asistencia general o general assistance.
“Aunque todavía queda mucho por hacer para superar la confusión y el miedo, continuaremos trabajando para derribar las barreras en el sistema de inmigración, restaurar la fe y la confianza con nuestras comunidades de inmigrantes y eliminar las cargas excesivas en el proceso de solicitud”, explicó Ur Mendoza Jaddou, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Finalmente, el DHS anunció que implementará un manual de políticas para que los funcionarios de USCIS comiencen a aplicar esta nueva regulación. Asimismo, complementará con actividades para su divulgación y evitar confusiones con la comunidad inmigrante y con los mismos ciudadanos.
