El pasado viernes 7 de agosto, en documentos presentados ante un tribunal en California, el gobierno de Estados Unidos afirmó que ha comenzado a soltar a familias de inmigrantes con “miedo creíble” a la persecución que se encontraban retenidas en centros de detenciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El gobierno aseguró que está tomando medidas para reducir el tiempo de las detenciones, sin embargo, aseguró que restringirlas alentaría más cruces ilegales en la frontera.
Ante esto, grupos de activistas pro inmigrantes de todo el país condenaron la postura “moralmente indefensible” del gobierno de insistir en la detención de madres y niños, y urgieron el fin de la práctica porque viola un acuerdo federal de 1997.
Peter Shey, presidente del Centro para Derechos Humanos y Ley Constitucional, dijo que: “Creemos que su postura (del gobierno) es moral y legalmente indefensible. En particular por las necesidades especiales de los niños y creemos que la corte mantendrá su fallo”.
En caso de una eventual orden de la corte, el gobierno tendría que acelerar la puesta en libertad de los menores y de madres que tienen casos válidos de asilo político, y que no supongan un riesgo de fuga o para la seguridad nacional.
Fuente: La Opinión