La comunidad de inmigrantes indocumentados que radican en Georgia se encuentran preocupados ante la Ley SB 350, la cual fue promulgada en 2008 y es tachada de imponer “multas severas” a esta comunidad.
“Si usted no tiene una licencia o su permiso de manejar está vencido y lo para la policía por cualquier infracción, por muy pequeña que sea, será arrestado”, expuso Adelina Nichols, directora ejecutiva de la Alianza Latina por los Derechos Humanos (GHLAR, por sus siglas en inglés).
Debido a esto, la GHLAR, en conjunto con el Advancement Project, publicaron recientemente el informe “Fabricando crímenes, cómo el manejar se convirtió en un delito grave para la gente de color en Georgia”; en él, se detallan las dificultades que ha enfrentado la comunidad hispana y afroamericana desde que la Ley SB 350 entró en vigor, en 2008.
Este informe advierte que leyes como esta son resultado de la inacción del congreso federal con el tema de la reforma migratoria, y la solución al problema de los 11.3 millones de indocumentados que viven en el país. “La falta de respuesta del gobierno federal ha llevado a los estados promover leyes y políticas que, a menudo, son injustas y racialmente discriminatorias”, apunta el documento.
Asimismo, Adelina dijo que Georgia es un ejemplo de un estado que aprobó leyes “que tratan de restringir la inmigración”. El estudio encontró que en el condado de Fayette, los hispanos, que representan el 6.9% de la población total, recibieron un 17% de todas las infracciones.
GHLAR detalló que la mayor diferencia fue encontrada en la ciudad de Roswell, donde la población latina, que representa el 13.1% de la totalidad de la población, recibió el 63% de las infracciones de tránsito.
Además, la investigación subraya que muchas familias de escasos recursos, la mayoría indocumentadas, se ven afectadas por fuertes multas y pagos de fianza, los cuales superan los mil dólares.
“Hay mucho miedo en la comunidad. La gente tiene necesidad de salir a trabajar, tiene que salir a llevar a sus niños a la escuela y se la están jugando con todo lo que esto implica”, apuntó Adelina y agregó que “no solo latinos son los más afectados sino también afroamericanos, aunque ellos sí pueden gestionar una licencia. Pensamos que el perfil racial decide las detenciones”.
“Estamos buscando alianzas con otras organizaciones que se preocupan por este tipo de criminalización. Esperamos que el estado de Georgia quite esta ley porque no lleva ningún bien para la sociedad”, señaló GHLAR.
Fuente: La Prensa
