Desde 2013, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha impedido el acceso a activistas y abogados que visitan a los inmigrantes retenidos en los centros de detención, esto en represalia por criticar los abusos en las instalaciones.

Así lo indicaron grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en cartas enviadas este el pasado 25 de agosto a la directora de ICE, Sarah Saldaña, ambas cartas contenían ejemplos sobre la presunta violación de la Primera Enmienda.

En una de las cartas, los activistas denunciaron que tanto ICE como la empresa contratista Geo Grupo, a cargo del Centro de Detención Adelanto, cerca de Los Angeles, California, en los últimos dos años han establecido un “patrón y práctica” ilegales de privar a los abogados de acceso a sus clientes “en represalia por la participación de éstos en protestas legales y pacíficas” afuera de las instalaciones.

Las cartas fueron enviadas por el grupo nacional Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (CIVIC), la fundación del Sur de California de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU SoCal), el grupo cívico Southern Poverty Law Center (SPLC), y la firma legal Sidley Austin, que pidieron el cese de las represalias.

En 2013, ICE clausuró tres programas de visitas en el sur de California, y cerró un cuarto programa en 2014, en el Centro de Detenciones de Otay, al sur del estado, también en represalia por la denuncia de abusos, según activistas.

Los abusos en los centros de detención han sido una queja permanente de grupos defensores de los inmigrantes, pero ICE ha rechazado las críticas e insistido en que investiga o toma medidas correctivas cuando es necesario.

Fuente: La Opinión