Este jueves 23 de junio, después de meses de espera, finalmente la Corte Suprema de Estados Unidos dio a conocer su fallo sobre el caso de los alivios migratorios DAPA y DACA plus. Y aunque su resultado era esperado, dejó decepcionados a millones.
La Corte Suprema emitió un fallo dividido de 4-4, resultado que mantiene congelados los programas DACA plus y DAPA, los cuales amparaban de la deportación a cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
El escenario, aunque era el más probable posible, ha sido recibido con ojos de decepción por parte de abogados y activistas pro inmigrantes. Con el fallo 4-4 (posible por el fallecimiento del juez Antonin Scalia el pasado mes de febrero), la decisión del Tribunal Supremo regresó el caso a la Corte de Apelaciones del 5to. Circuito de Nueva Orleans, que ratificó el dictamen de una corte de Texas que frenó la entrada en vigor de DAPA y DACA mientras el tribunal resuelve la demanda en su totalidad entablada por 26 estados en diciembre de 2014.
Ezequiel Hernández, abogado experto en inmigración, señaló que si el próximo presidente de Estados Unidos (las votaciones se celebrarán el próximo mes de noviembre) está a favor de DACA plus y DAPA, el caso podría continuar y extenderse aproximadamente dos años más. Sin embargo, si el próximo mandatario estuviera en contra, podría extinguir el caso.
Antes de emitirse el fallo, Stephen Yale-Loehr, profesor de la escuela de leyes de la Universidad Cornell de Nueva York, había anticipado que la disputa legal entre los 26 estados y el gobierno iba a resolverse sobre la base de si estos estados tenían o no base legal para demandar al gobierno federal. “No hubo necesidad entonces de revisar si el presidente tiene o no autoridad legal para tomar Acción Ejecutiva y crear DAPA sin la aprobación del Congreso”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Paul Ryan, afirmó sobre la decisión del Tribunal Supremo: “Hoy, el artículo I de la Constitución fue reivindicado. El fallo de la Corte Suprema anula y le quita valor a la acción ejecutiva del presidente sobre la inmigración. La Constitución es clara: el presidente no está autorizado para escribir las leyes. Solo el Congreso lo está”.
Fuente: Univisión
