El pasado 14 de septiembre, la firma legal Amoachi & Johnson, PLLC, publicó una lista de personal médico que, a su juicio, hacen posible el envío de niños a los centros de detención a cargo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sumándose a las denuncias para el cierre de estos centros.
Bryan Johnson, abogado del bufete autor de la lista, dice que “Hay una diferencia entre detener a un niño y detener a un adulto, porque los niños corren más riesgos cuando están en los centros detención para familias”, pues explica que ha representado en varias denuncias a menores que sufrieron graves enfermedades en estos centros. “En los archivos, se puede ver que los médicos marcan una casilla que da luz verde a la detención de los menores”, apunta.
Desde la crisis migratoria en la frontera sur en el año 2014, la Academia de Pediatría Estadounidense (AAP, por sus siglas en inglés), ha expresado su profunda preocupación por la salud y bienestar de los menores; ejemplo de ello es que el pasado 24 de julio, la doctora y presidenta de AAP, Sandra G. Hassink, envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), para pedirle que adopte “más políticas de protección para los menores” centroamericanos.
Hassink también ha ofrecido ayuda al DHS para elaborar mejores prácticas en beneficio de los niños, además de que exige que estos tengan acceso a todos los servicios que necesiten.
Por otro lado, Karen Siciliano Lucas, subdirectora de programas de abogacía de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), recordó que, junto a la organización CARA, ambos grupos han documentado “un cuidado médico peligrosamente inadecuado” en los tres centros de detención para familias.
AILA y otros grupos se suman a las denuncias tanto contra los abusos en los centros de detención como las secuelas del continuo encierro de los menores, además de que han presentado denuncias contra el DHS, al que han acusado de violar el llamado “Acuerdo Flores”, que prohíbe la detención de menores inmigrantes.
Fuente: La Opinión
