Plyler v. Doe es un caso de 1982 en la Suprema Corte de Estados Unidos, que marcó un hito en el avance de la educación pública para inmigrantes.
Plyler v. Doe es un caso histórico de la Suprema Corte de Estados Unidos en 1982, que determinó que los estados no pueden negar el acceso a la educación pública gratuita a niños indocumentados. Esta histórica decisión ocurrió debido a que en 1975, Texas aprobó una ley que permitía a los distritos escolares negar la matrícula a estudiantes que no pudieran demostrar su estatus migratorio legal. Esto afectó el desarrollo académico de miles de niños, principalmente de origen mexicano.
Luego de un fallo 5-4, la Corte dictaminó que la ley de Texas violaba la Cláusula de Protección Igualitaria de la 14ª Enmienda, que prohíbe la discriminación sin una razón justificada. Además, determino que los niños indocumentados tienen derechos constitucionales, incluido el derecho a la educación.
Además, la decisión también dictaminó que negarles la educación a los niños sin documentos perjudica a la sociedad, ya que podría generar mayores costos sociales, como pobreza y delincuencia.
En este sentido, Plyler v. Doe garantizó el acceso a la educación K-12 para todos los niños, sin importar su estatus migratorio. Y sentó un precedente sobre los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Actualmente, este caso sigue siendo relevante en debates sobre derechos educativos y políticas migratorias recientes.
Por ejemplo, el Congreso de Tennessee aprobó un proyecto de ley, introducido en febrero de 2025, que permitiría a las escuelas de Tennessee cobrar una matrícula a los estudiantes indocumentados o negarse a inscribirlos si no pueden cubrir este pago. Los legisladores republicanos argumentan que los estudiantes indocumentados le cuestan demasiado dinero al estado. En este sentido, buscan la aprobación de este proyecto de ley para impugnar el fallo de Plyler v. Doe de 1982.
De esta manera, las agencias educativas locales (LEA) y las escuelas públicas autónomas tendrían la capacidad de solicitar que los alumnos muestren prueba de ciudadanía, estatus migratorio legal o visa, y en caso de no hacerlo podrían decidir: cobrar una matrícula de cerca de 9 mil dólares; no inscribir al estudiante; o bien, y en el mejor de los casos, inscribir al estudiante sin cobrar matrícula.
