En el caso de los beneficiarios de TPS provenientes de Venezuela, su situación es incierta, ya que la administración de Donald Trump, ha realizado diversos esfuerzos para terminar la protección contra la deportación para alrededor de 350 mil venezolanos. Sin embargo, un juez federal, Edward M. Chen evitó que esto ocurriera, de lo contrario, los beneficios para los venezolanos con TPS hubieran terminado el 7 de abril de 2025.  En este sentido, alrededor de 600 mil venezolanos beneficiarios de TPS mantendrán su estatus legal y su autorización para trabajar legalmente.

Por otro lado, la ciudadanía estadounidense, adquirida por naturalización, representa el mayor nivel de protección para personas que alguna vez fueron inmigrantes. Una persona ciudadana no puede ser deportada, a menos que se demuestre que obtuvo su residencia permanente o ciudadanía de forma fraudulenta.

En contraste, incluso quienes cuentan con una residencia permanente legal pueden ser deportados si enfrentan cargos criminales, especialmente durante el proceso de solicitud de ciudadanía. En estos casos, el trámite puede derivar en un proceso de expulsión en lugar de una aprobación.

Sin embargo, un motivo para la deportación de titulares de Green Card son los posibles vínculos con actividades de seguridad nacional, como ocurrió recientemente con un activista y estudiante de la Universidad de Columbia.

Cuando un no ciudadano es detenido por autoridades migratorias, generalmente debe presentarse ante una corte de inmigración. Es importante que las autoridades migratorias respeten los procesos de deportación y los no ciudadanos acudan a sus audiencias. Además, existen casos de “deportación expedita”, donde la persona es removida sin audiencia. Esto suele ocurrir cuando alguien intenta ingresar al país sin documentos válidos, con documentos falsos, o sin cumplir con los requisitos legales de entrada.