La Corte del Cuarto Distrito de Apelaciones devolvió a jueces migratorios de Maryland, Virginia, West Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, la facultad para cerrar administrativamente los procesos de expulsión de inmigrantes.

Todos los casos pendientes o en proceso de deportación serán llevados ante un juez, con el fin de determinar su situación migratoria; se espera que el número de deportaciones disminuya considerablemente. Este decreto busca frenar las políticas migratorias, que el actual gobierno ha establecido bajo el plan “tolerancia cero”.

Esta decisión confirma que los jueces de inmigración (JI) y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) tienen la jurisdicción de cerrar todos los procesos pendientes, por lo que este cambio podría beneficiar a aquellos indocumentados con casos abiertos.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) subrayó que el fallo “permite inequívocamente a los jueces de inmigración controlar sus propios expedientes”. Mientras que los institutos, dedicados a ofrecer apoyo a inmigrantes, ven este procedimiento como un paso hacia adelante por la oportunidad que da para permanecer en los Estados Unidos, mediante los recursos legales que existen.

Esta resolución se dio tras el caso de Jesús Zúñiga Romero, quien pidió asilo y se le concedió la oportunidad de revisar su caso y solicitar la Green Card.

Fuente: La Opinión