Un juez federal se declaró a favor de que algunos beneficiarios de diferentes programas de Acción Diferida (DACA) en Arizona, como las víctimas de violencia doméstica, obtengan licencias de conducir, contrario a lo que había planteado el gobierno del estado.
A través de una sentencia que otorga una orden permanente, el juez David Campbell señaló que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito le dijo a Arizona hace años que los “dreamers” cuentan con cierta autorización de empleo, por lo que están legalmente presentes en el país y no se les pueden negar licencias de conducir.
Aún así, los funcionarios de Arizona se han negado a otorgar licencias a otros inmigrantes en diferentes programas de Acción Diferida a los que el gobierno federal expidió los mismos documentos laborales, como las víctimas de violencia doméstica, por lo que Campbell argumentó que es ilegal, ya que el “gobierno federal no hace distinción”.
En el nuevo estatuto, Campbell también dijo que el estado ha hecho juegos de litigio, cambiando sus políticas en un intento, al principio, de justificar la denegación de licencias a “soñadores” y cuando eso no funcionó, denegó licencias a otros receptores de Acciones Diferidas.
Nicolás Espíritu, un abogado del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, aseguró a medios locales que es una victoria clara y crucial para las cerca de 1.000 personas que según el estado de Arizona no deberían obtener una licencia para conducir.
“Estas personas podrán ingresar a los MVD (Departamento de Vehículos a Motor) en todo el estado y presentar los mismos documentos que todas las demás personas que sean como ellos, que tengan un documento que demuestre su identidad y demuestre su autorización para estar en el país, y lo harán, podrán obtener una licencia de conducir”, aseveró Espíritu.
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