Las llamadas cuotas mínimas de cama en cárceles locales y centros de detención ven en madres y niños inmigrantes un importante rubro para su éxito. Así lo dio a conocer un informe divulgado el pasado 20 de junio.
El informe, elaborado por Detention Watch Network y el Centro para los Derechos Constitucionales, indica que el problema de las “cuotas mínimas” para mantener llenas las cárceles locales es más extenso de lo que se pensaba, y abarca por lo menos 24 contratos con el gobierno federal.
Explica que las “cuotas mínimas garantizadas” para cárceles locales cubren al menos 12 mil 821 camas, de las cuales, el 93% va a parar a empresas privadas que administran las cárceles para inmigrantes.
El informe, titulado “Banking on Detention”, detalla que estas cuotas mínimas están estipuladas en los contratos federales para gobiernos locales y estatales, y para las empresas privadas que operan las instalaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Jennifer Elzea, portavoz de ICE, dijo que la agencia revisará el informe “para determinar qué cambios, de ser necesario, se deben implementar con base en sus recomendaciones”.
Jennifer explicó que ICE tiene la obligación de aplicar las leyes de Inmigración y que, para cumplir con la exigencia del Congreso sobre la cuota de 34 mil camas, la agencia ha realizado acuerdos con ciertas instalaciones para siempre tener disponible ese número de camas.
En ese sentido, Jennifer añadió que las cuotas mínimas garantizadas son “comunes” en las instalaciones de ICE y otros grandes centros de detención, y permiten que el gobierno federal cuente con un determinado número de camas a tarifas reducidas. Asimismo, los contratistas también pueden planear sus recursos y personal médico y de seguridad si saben con precisión el número de detenidos que albergan.
Fuente: La Razón
