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Acceso Latino

Los inmigrantes indocumentados se verán beneficiados por la nueva moratoria de desalojos, que entró en vigor el 3 de septiembre y estará disponible hasta el 31 de enero del próximo año. De esta forma, los inquilinos estarán protegidos de los caseros que amenacen con restringirles la entrada a las viviendas de alquiler o dejarlos fuera, ya que si lo intentan, enfrentarán multas diez veces más altas que las actuales.

David Chiu, autor de la Ley AB 3088 que extendió la moratoria de desahucios, explicó lo que se pudo lograr y lo que no para evitar los desalojos de inquilinos que no pueden pagar la renta. El asambleísta demócrata por San Francisco dio a conocer que se “aplica para todos los californianos sin importar su estatus migratorio”.

Chiu comentó que antes los bloqueos ilegales se penalizaban con US$100 por día y hasta US$250 por suceso. “Bajo la AB 3088, aumentarán a $1,000 y hasta $2,500 por cada vez”.

El ex abogado por los derechos de los inmigrantes, dejó claro que siempre y cuando el inquilino pague un cuarto del costo de la renta cada mes hasta el 31 de enero, no podrá ser desalojado sin importar si pagó o no la renta los otros 11 meses.

El residente que se haya visto perjudicado por el coronavirus, deberá firmar una declaración bajo perjurio antes del 5 de octubre. “Quiero enfatizar que esta ley no significa la cancelación de la renta. Será deducible como deuda civil en la Corte de Reclamos Menores a partir del 1 de marzo”, señaló Chiu.

Recalcó que la política solamente tiene que ver con desalojos basados en falta de pago. “Los inquilinos no pueden simplemente violar su alquiler durante este periodo y pensar que van a estar protegidos por esta ley”.

Asimismo, quieren apoyar a los dueños de pequeñas propiedades para que aplacen sus juicios hipotecarios. “Es crítico que los inquilinos entiendan sus derechos, y cada legislador, el gobernador Newsom y la administración estarán involucrados en una amplia campaña de educación pública sobre esta ley”.

Por su parte, también se ha considerado proteger a los inquilinos por las agencias de créditos de reportes por no pagar. “Lo que hace esta ley es exentar a las ordenanzas locales existentes que son más protectoras, pero durante los siguientes cinco meses no pueden ser aprobadas nuevas leyes locales de no pago”, comentó el autor.

Aunque hay mucho por mejorar, la ley es una solución temporal ante la actual situación. “Nuestra esperanza es que nos dé tiempo para considerar opciones para la siguiente sesión legislativa, y para trabajar con la nueva administración federal”.

A comienzos del siguiente año, se revisará lo que va a pasar después de ese plazo. “Desde mi perspectiva, la solución última es que el gobierno federal apoye a los estados que no pueden arreglárselas por sí mismos”, expresó el legislador.

Russ Heinrich, vocero de la Agencia de Vivienda, Servicios al Consumidor y Negocios, confirmó la creación de un portal donde pueden consultar las protecciones con las que cuentan.

“Y lo lleva a una página del sitio del Departamento de Bienes Raíces que tiene un resumen de lo que hace la AB 3088. Tenemos todos los formularios que se requieren para la declaración de dificultad por Covid-19. Están en seis idiomas como inglés, español, chino, coreano y vietnamita. Contamos además con los formularios que los propietarios deben tener para entregar a sus inquilinos”, finalizó Heinrich.

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