El Fondo Educativo y de Defensa Legal de México-Americanos (MALDEF, por sus siglas en inglés) presentó una queja en nombre de las organizaciones y votantes latinos, en la cual resaltan que los planes de la actual administración de quitar a los inmigrantes del censo y que no puedan votar, afectaría a la comunidad y los relegaría aún más.

Los grupos señalaron que su demanda incluye argumentaciones constitucionales y legales al documento presidencial expuesto, en el cual se dictamina sacar a los indocumentados del censo. Los defensores alegan que esto es inconstitucional, ya que la Carta Magna establece que todas las personas que viven en la Unión Americana deben ser partícipes para distribuir puestos en la Cámara de Representantes.

Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF, calificó el plan del actual presidente como una “manipulación” y aseguró que el Gobierno federal ha descompuesto el censo.

“Afortunadamente, el sistema judicial puede frenar esta caricatura de las esferas políticas, y esperamos recuperar la confianza de nuestra nación”, expresó.

De igual forma, esta queja busca inmovilizar el proyecto de la Oficina del Censo, para impedir el conteo de personas que no contesten un mes antes de lo establecido, ya que esto segregará a los inmigrantes y a las personas de color.

El 11 de julio, la Casa Blanca dio la orden de sacar del censo a los indocumentados, mismo que ayuda a la distribución en la Cámara, y permite repartir los fondos que se destinarán a las comunidades.

Lia Parada, directora de Asuntos Gubernamentales del Fondo de Acción del Centro para el Progreso Americano (CAPAF), resaltó la importancia de incluir a todos los ciudadanos sin importar su estatus migratorio en el censo, recalcando que la Constitución así lo dictaminó.

A la demanda se sumaron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Fuente: La Opinión