El futuro de la ciudadanía por nacimiento se decidirá en la corte

junio 5, 2025

La Decimocuarta Enmienda define que las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanas del país, independientemente del origen nacional de sus padres.

La ciudadanía por nacimiento o birthright citizenship en Estados Unidos, garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es automáticamente ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este principio, conocido como jus soli o derecho del suelo, ha sido reafirmado por la Corte Suprema en casos como United States v. Wong Kim Ark (1898), que confirmó la ciudadanía de un niño nacido en Estados Unidos de padres inmigrantes no ciudadanos.

En enero de 2025, el presidente Donald Trump emitió la orden ejecutiva 14156: Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, que busca limitar la ciudadanía por nacimiento, declarando que los hijos de padres indocumentados o con visas temporales no serían elegibles para la ciudadanía automática. Esta orden contradice la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, por lo que ha sido bloqueada por varios tribunales federales, que la han calificado como “probablemente inconstitucional” o “flagrantemente inconstitucional”. De hecho, un juez federal en Seattle emitió una orden de restricción temporal el 23 de enero de 2025, bloqueando la implementación de la orden.

Además, una jueza en Maryland también bloqueó la orden de manera definitiva en febrero de 2025. Tres tribunales de distrito han emitido medidas cautelares a nivel nacional nationwide injunctions, impidiendo que la administración Trump aplique la política en todo el país.

El 15 de mayo de 2025, la Corte Suprema escuchó argumentos en el caso Trump v. CASA, que aborda esta controversia. No obstante, el enfoque principal de los argumentos no fue la constitucionalidad de la orden ejecutiva, sino si los tribunales inferiores tienen la autoridad para emitir medidas cautelares a nivel nacional que bloquee la política en todo el país.

La administración Trump argumenta que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, según la Decimocuarta Enmienda, y por lo tanto no tienen derecho a la ciudadanía. También sostiene que las medidas cautelares nacionales exceden la autoridad de los jueces de distrito, pidiendo que se limiten solo a los demandantes específicos, es decir, los 22 estados, Washington D.C., grupos de derechos de inmigrantes y cuatro mujeres embarazadas.

Por su parte, los estados y organizaciones demandantes, como CASA, argumentan que la orden de Trump viola la Decimocuarta Enmienda y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), y que las medidas cautelares nacionales son necesarias para evitar confusiones en las reglas de ciudadanía.

Durante la audiencia, varios jueces expresaron desconfianza sobre la constitucionalidad de la orden de Trump, destacando que la Decimocuarta Enmienda y precedentes como Wong Kim Ark establecen la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, algunos jueces conservadores mostraron interés en limitar el alcance de las medidas cautelares nacionales, lo que podría permitir que la orden de Trump se aplique en algunos estados mientras continúa el litigio.

En este sentido, la gran mayoría de los expertos legales coinciden que se trata de una orden inconstitucional y que solamente una enmienda constitucional podría eliminar la ciudadanía por nacimiento. No obstante, si la Corte Suprema restringe las medidas cautelares nacionales, podría crearse un vacío legal en la que la ciudadanía dependería del estado donde nace un niño.