El Concejo Municipal de Santa Ana aprobó esta semana preparar una iniciativa que destine hasta 800,000 dólares para cubrir los honorarios de los abogados que defiendan a los indocumentados de bajos recursos.
Luego de convertirse en la primera ciudad santuario de California en la nueva era de EU y de cancelar un contrato para detener a indocumentados en su cárcel, Santa Ana aprobó revisar la creación de un fondo para la defensa legal de quienes enfrenten procesos de deportación.
El Concejo Municipal de dicho municipio pidió el martes a la Procuraduría local preparar una iniciativa para defender en las cortes de inmigración a los indocumentados que no tienen dinero para contratar a un abogado. Una de las opciones es que la ciudad destine entre 500,000 y 800,000 dólares anuales para dicho propósito, ya que el sistema judicial actual no ofrece defensoría pública a las personas en tal situación.
Casi 250,000 indocumentados viven en el condado de Orange, donde se encuentra Santa Ana, según datos recientes del Instituto de Política Pública de California.
“Este es un ejemplo de tomar liderazgo en proteger a los más vulnerables de la comunidad”, expresó el concejal Sal Tinajero en la reunión del Concejo Municipal.
La iniciativa se presenta unos días después de que el gobernador Jerry Brown incluyera dentro de su propuesta de presupuesto una plataforma de 15 millones de dólares con el fin de ampliar la defensoría legal de las personas bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los Ángeles, Nueva York, Chicago y San Francisco han establecido fondos con ese objetivo ante el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente.
Jenifer Koh, directora de la Clínica de Inmigración de la Western College State of Law, aplaudió que Santa Ana considere agregarse a la lista de gobiernos locales que abogan por los indocumentados. Ella expresó que le preocupa que se cumpla el debido proceso en las cortes migratorias durante esta administración.
“Incluso antes de que el presidente llegara a la Casa Blanca, la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, Dana Marks, describió que las cortes de inmigración son lugares donde se revisan casos con consecuencias similares a una pena de muerte, pero con recursos de una corte de tráfico”, advirtió.
“No puedo imaginar el tipo de daño que se le causará a esta generación cuando los niños se queden sin sus padres”, agregó la también profesora de leyes.
Mientras dicho plan se toma con cautela ante un déficit municipal de 14.4 millones de dólares para el próximo ciclo fiscal, los defensores de la medida exponen una preocupación: que los supervisores del condado de Orange recién aprobaron recibir a 958 inmigrantes en la cárcel Theo Lacy, 120 más de lo estipulado en su contrato anterior. El penal es considerado uno de los peores para inmigrantes.
ICE señaló que esa decisión se tomó para resarcir la cancelación del acuerdo con el gobierno de Santa Ana, que le permitió tener bajo su custodia a unos 200 inmigrantes en su cárcel municipal. Dicho contrato finaliza el 24 de mayo.
Alexis Nava, un joven cuyos padres cruzaron ilegalmente la frontera, pidió a los líderes de Santa Ana que protejan la unión familiar por el bien del progreso de esa metrópoli.
“Muchos de los jóvenes aquí en Santa Ana tienen padres indocumentados y si quieren invertir en la juventud no pueden sacar a sus padres de la ecuación”, dijo.
Fuente: UNIVISIÓN.
