Más de 70 organizaciones comunitarias defensoras de inmigrantes redactaron en una carta enviada el pasado 24 de septiembre al sheriff del condado de Los Ángeles, que no se debería implementar el Programa de Prioridad de Deportación (PEP, por sus siglas en inglés) ya que tiene las mismas deficiencias que su antecesor: Comunidades Seguras (S-Comm).
Los grupos defensores de los inmigrantes rechazaron el plan de colaboración del sheriff con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ya que indican que se contempla dar acceso ilimitado a la base de datos de las prisiones del condado para que los agentes de inmigración puedan entrevistar a indocumentados aunque no hayan cometido delitos graves.
El PEP establece que se cumplirá con la Ley de Confianza (Trust Act), que limita las peticiones de las autoridades de inmigración a agencias locales para transferir inmigrantes. Sin embargo, activistas por los derechos de los inmigrantes no confían que eso pueda llevarse a cabo y aseguran que no está claro cómo se cumpliría eso si los agentes de ICE tendrían luz verde para entrevistar a cualquiera.
“Este nuevo plan de colaboración con ICE sería regresar a lo que teníamos antes, ya que los agentes de inmigración podrían entrar al área de liberación y entrevistar a cualquiera, necesita ser aclarado”, dijo Jennie Pasquarella, abogada de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Fuente: La Opinión
