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Salud de indocumentados es afectada por redadas: encuesta

De acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad de Michigan, la salud de los inmigrantes indocumentados se ha visto afectada por las redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas.

William López, integrante del equipo que realizó la encuesta, pudo comprobar de primera mano los efectos de las redadas que empujan a las personas a “vivir más en las sombras”.

De acuerdo con William, mientras el estudio estaba en marcha, el 7 de noviembre de 2013 fueron testigos de una redada en el condado de Washtenaw, al suroeste de Michigan, donde viven cerca de 12 mil indocumentados hispanos.

Tres días después, William y el resto del equipo de trabajo tuvieron la oportunidad de entrevistar a cerca de 40 miembros de esa comunidad.

Escucharon relatos y recogieron fuertes evidencias de los “efectos negativos de la redada” en la salud de los inmigrantes encuestados, en su mayoría de origen mexicano y centroamericano, que declararon sentirse mal pero no estaban dispuestos a buscar atención.

Conoce más: “La situación es complicada” señalan abogados sobre las redadas y su legalidad

Antes de esta experiencia, los investigadores habían consultado a 476 personas en el condado y el 55% calificó su salud como excelente o muy buena.

El estudio, publicado en el Journal of Immigrant and Minority Healh, también comprobó que las personas eran menos propensas a buscar servicios gubernamentales y de participar activamente en su comunidad. En sus respuestas, los encuestados también declararon que su estatus legal limitaba los contactos con familiares y amigos.

“Puede ser que la gente no se dé cuenta, pero las redadas afectan a toda la comunidad, porque las personas tienen miedo de salir a la calle, dejan de ir a sus trabajos o inclusive a la escuela de sus hijos”, dijo William.

Por su parte, David Kruger, investigador principal del estudio, opinó que la comunidad necesita recibir seguridades en Michigan de que “no corren peligro si solicitan servicios” de salud. “Las agencias y hospitales deberían decir explícitamente a las personas que el uso de sus servicios no las ponen en riesgo de deportación”, concluyó.

 

Fuente: EFE

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