Una empleada del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Salt Lake City en Utah, es sospechosa de haber tirado valiosos papeles de inmigración durante años, perjudicando a decenas o hasta centenares de inmigrantes, por lo que enfrenta varios cargos en una Corte Federal.

Diana K. Molyneux podría ir a la cárcel y pagar una multa si se comprueba que se deshizo deliberadamente de documentos o retrasó su entrega. Entre septiembre de 2017 y marzo de este año, supuestamente habría “robado, abierto o destruido” material de inmigración (incluidas algunas green cards), pero fue hasta junio cuando la oficina del inspector general de USPS dio a conocer que se estaban investigando los documentos extraviados.

Todo comenzó cuando se presentaron varias quejas y usando los números de rastreo, se decidió hacer una investigación, y se descubrió que llegaban al centro de Salt Lake City, pero nunca salían de ahí.

Molyneux enfrenta dos cargos: destrucción “ilegal y secreta” de cartas o paquetes “que se le habían confiado a ella y que estaban en su posesión y que deberían haber sido entregados por el correo”; y “apertura” de esas cartas o paquetes, de acuerdo al documento expedido por la Corte Federal de Utah.

Puede enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa mínima de $2 mil dólares, por cada delito; no obstante, se declaró “no culpable”, así que tendrá que esperar su juicio, ya que por la pandemia no tiene una fecha determinada.

Los inmigrantes de Utah no fueron los únicos afectados, ya que los retrasos también se vieron en Nevada, Idaho, Wyoming, inclusive puede que hasta en más estados. Debido a esto, muchos perdieron la oportunidad de permanecer legalmente en el país o no pudieron ser contratados.

Los dreamers tampoco pudieron renovar su estatus a tiempo antes de que entraran en vigor las restricciones impuestas por el gobierno, y otros inmigrantes tuvieron que reiniciar sus trámites o pagar más impuestos para gestionar sus documentos.

 

Por último, organizaciones como Elko Hispanic Services, en Elko, Nevada, y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste (NIRP), en Seattle, Washington, señalaron que quienes se vieron perjudicados en 2017 “todavía están esperando” a que su situación sea resuelta y les sugirieron buscar ayuda legal.